Una lucha por los derechos de los pueblos indígenas

 Por: Miriam Estrada

El derecho indígena merece cabida en nuestra concepción socio-jurídica actual, merece cobrar mayor relevancia, merece ser estudiado, protegido, valorado y respetado, más aún en una nación pluricultural como México, en donde conviven en todo el territorio nacional cerca de 68 pueblos originarios.

Con justicia y paz encontramos la verdad

 Por: Samahanta Paredón

  

El próximo 18 de julio del año en curso, se realizará la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, referente a las violaciones de derechos humanos cometidas con motivo de la estrategia contrainsurgente implementada por el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la comunidad del Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas.

El estado de derecho al servicio del capital. Gilberto López y Rivas

Ponencia presentada por el Dr. Gilberto López y Rivas durante la mesa redonda titulada: "Derechos humanos en el sistema penal mexicano. El derecho penal como herramienta de control de los movimientos sociales", llevada a cabo el 30 de abril  de 2013 en la Facultad de Derecho de la UNAM.  

El estudiante de Derecho y el movimiento social

Por Juan Carlos Sharp Oyarzún [1]

Antes de entrar en materia, quisiera agradecer y saludar a los compañeros de "El Tribuno Popular" de la Facultad de Derecho de vuestra Universidad por la iniciativa de fraternidad entre nuestras organizaciones estudiantiles. Ahora bien, más que un detalle de la labor realizada por nuestra organización, quisiera aprovechar la oportunidad para compartir en estas breves líneas una pequeña reflexión sobre lo que en general creemos es la actual realidad de las "organizaciones jurídicas" [2] en los movimientos sociales, a raíz de la experiencia que hemos vivido en Chile. [3]

Teniendo presente que los conflictos sociales de nuestra América están muy lejos de ser asunto de magistrados, sentencias e incluso de legislaturas, resulta evidente que las organizaciones jurídicas jugamos en el seno de los movimientos sociales, casi sin cuestinárnoslo, un papel macadamente reactivo. Pareciera ser que en todas partes,la denuncia cobra prioridad por sobre la promoción. La contención por sobre la propuesta crítica. Ello, no sólo a nivel estudiantil.

Y si bien es ineludible la tarea de abogados y estudiantes de Derecho como elementos inhibidores de la agresión policial, de ejercer las acciones pertinentes cada vez que sea posible, de otorgar análisis técnicos a las iniciativas legislativas, entre tantas otras, afirmamos que la gran deuda pendiente de estas organizaciones es generar convergencia programática en torno a ejes que estén en función de las proyecciones del movimiento social.

Hablamos justamente del rol que nos cabe dentro de los procesos de lucha de nuestros pueblos como operadores del Estado/Jurisdicción y como sujetos en una posición privilegiada de estudio y (re)producción del fenómeno socio-histórico que importa el Derecho: Sea desde la comprensión de la organización burocrática, de la producción normativa o incluso de una particular perspectiva de la realidad social es innegable que los movimientos sociales que cuentan con la posibilidad de instrumentalizar o al menos comprender el marco jurídico y legal que se les propone desde el Estado tienen entre sus manos una valiosa herramienta y un notable pie de ventaja.

En el caso del movimiento estudiantil chileno, dos han sido los grandes desafíos que hemos enfrentado las organizaciones jurídicas desde que iniciara el proceso de movilización a inicios del 2011: El actuar policial instruido y respaldado por el Gobierno frente a las diversas acciones del movimiento y la persecución de los estudiantes, principalmente secundarios, a manos de las autoridades de los Liceos, sostenedores e incluso autoridades municipales. [4]

En ambos casos, se ha cumplido una función reactiva: Buscando disminuir la violencia policial sobre todo en los recintos de detención y denunciando las agresiones y apremios; y, ante los Tribunales Supremos de justicia, interponiendo acciones de protección constitucional ante la vulneración de diversos derechos fundamentales con motivo de las sanciones y el acosos de los Liceos hacia los estudiantes comprometidos en la movilización, entre los que se estiman sobre los dos mil expulsados o privados de matrícula en los últimos dos meses.

Pese a lo tremendamente necesaria, esta función difícilmente permite el crecimiento de la organización social y la acumulación de herramientas entre quienes luchan por sus derechos. Por este motivo, nos parecen mucho más valiosos de destacar, evaluar y mejorar, la función proactiva que ante la vulneración sistemática se ha desarrollado.

Frente a la actitud dictatorial de nuestro Estado ante la manifestacón pública, se desarrollaron en los primeros meses de movilización cientos de talleres y charlas explicativas en los establecimientos tomados respecto de las atribuciones legales de la policía, los procedimientos administrativos y jurisdiccionales y los mecanismos de denuncia a disposición de todos los ciudadanos. En paralelo, organizaciones levantaron denuncias y establecieron patrones de conducta de las fuerzas de orden y seguridad en el contexto del control del orden público. Iniciaron diagnósticos sistemáticos que hoy permiten señalar con claridad las restricciones que el Estado Chileno impone a la libertad de expresión y reunión y a la impunidad que garantiza a sus agentes. En el caso de la inédita persecución a los estudiantes secundarios en sus Liceos, organizaciones ya avanzan en analizar la absoluta ausencia de fiscalización en materias no financieras del Ministerio de Educación y la tremenda necesidad de asistir la organización y fortalecimiento de los Centros de Padres y Apoderados tanto al interior de los establecimientos, como en un plano federativo, a nivel comunal.

Lo que hemos aprendido entonces es que es posible cumplir un rol más profundo y trascendente que el de la reacción a la agresión al movimiento social. En ello vemos con particular importancia, (i) Desnaturalizar el abuso que la práctica sistemática y el elitismo del uso y conocimiento del Derecho legalizan. (ii)Entregar herramientas y competencias jurídicas y legales que permitan a la organización social disminuir la asimetría con la que se enfrenta al Poder. Y, (iii) Proponer ejes estratégicos al movimiento social que comúnmente se ven desplazados ante la urgencia de las demandas socio-económicas. En nuestro caso por ejemplo, la necesaria lucha contra la sobrevivencia de la competencia de la Justicia Militar sobre civiles y la democratización del concepto de "orden público" y su regulación.

En este sentido, el 2012 nos espera con grandes desafíos. Se nos hace necesario revertir la gran atomización de organizaciones jurídicas por medio de establecer más y mejores mecanismos de coordinación y pautas comunes de trabajo. Nos urge conectar con mayor claridad estos esfuerzos con las proyecciones de los movimientos sociales. Y por cierto, nos queda aún pendiente establecer plataformas de coordinación internacional para el intercambio de experiencias y el actuar solidario de los estudiantes de Latinoamérica en esta materia.

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1. Estudiante de Derecho, Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios Jurídicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y Concejero de Federación

2. A efectos de esta reflexión, entenderemos por "organización jurídica" aquellas organizaciones no gubernamentales dirigidas ala análisis normativo, la difusión de derechos o la acción jurídica en defensa del movimiento social, fundamentalmente integradas por estudiantes de Derecho y/o abogados.

3. Nuestro Informe Anual 2010-2011 se encuantra disponible en: http://cejfech.cl/2011/12/03/con-publicacion-de-informe-anual-cejfech-concluye-su-primera-gestion/

4. "Sostenedor" es aquella sociedad que administra un establecimiento educacional privado recibiendo subvención estatal y el financiamiento de las familias. En el caso de la educación pública, la administración está a cargo de los Municipios.

¿Qué es la Sociedad de Alumnos?

 Después de que se fundó la Universidad Nacional de México en 1910, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia así como en el resto de Facultades los estudiantes se agruparon en diversas organizaciones, algunas de ellas fueron las Sociedades de Alumnos que solo en ciertas épocas y en casos concretos fueron independientes de las autoridades universitarias, los partidos políticos y el gobierno federal. Previamente se gestaron otras figuras de representación con mayor legalidad y legitimidad como los Consejeros Universitarios alumnos, luego surgieron los representantes de la entonces existente Federación de Estudiantes.

Esa autonomía efímera e inconstante les permitió por un tiempo a estas organizaciones junto con las Sociedades de Alumnos ejercer la defensa de los derechos estudiantiles ante las casi medievales[1] y verticales estructuras de gobierno de la universidad. Por ejemplo, en 1912 en la Facultad de Derecho se detuvo la imposición de una serie de exámenes antipedagógicos[2] mediante el estallamiento de una huelga de estudiantes, también se mostró enérgica inconformidad por la clausura arbitraria del gimnasio, de los baños y la suspensión del préstamos de libros de la biblioteca a los alumnos. De la misma forma la Facultad de Derecho tuvo un papel protagónico en la obtención de la autonomía de la Universidad Nacional gracias al movimiento estudiantil de 1929[3].

La experiencia histórica de que sólo una organización plenamente independiente de las autoridades puede servir para el beneficio de la comunidad estudiantil -y no servirse de sus agremiados- quedó plasmada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNAM vigente: 

Las sociedades de alumnos que se organicen en las escuelas y facultades y la federación de estas sociedades, serán totalmente independientes de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y se organizarán democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.

Sin embargo, ya que las organizaciones estudiantiles dentro de la máxima casa de estudios no se encuentran aisladas del contexto político y social del país, la mayor parte de éstas fueron cediendo a través de sus dirigentes a los beneficios, prebendas y presiones de la naciente estructura burocrática y corporativista del Partido Nacional Revolucionario, - que en 1946 se convertiría en el PRI- el cual se propuso años después de la Revolución Mexicana centralizar e integrar a todos los sectores de la población, incluidos los estudiantes, en un partido de Estado que controlara todo[4].

La burocratización y control de las Sociedades de Alumnos por factores reales de poder finalizó en prácticamente la totalidad de las escuelas de la UNAM luego de la disolución de dichas sociedades tras el surgimiento del movimiento estudiantil de 1968, “hay que recordar que los Comités de Lucha fueron creados al inicio del movimiento por decisión de las asambleas generales estudiantiles que en unas escuelas acabaron así con las Sociedades de Alumnos controladas por porros o líderes ligados al PRI o autoridades escolares y en otras…se constituyeron sumando a los dirigentes democráticos de esas Sociedades de Alumnos, representantes de grupo y estudiantes de base. Se creó así una forma de organización más democrática que respondía directamente a la base estudiantil."[5]

En nuestra Facultad de Derecho persistió desde entonces un pequeño núcleo denominado Sociedad de Alumnos como consecuencia de la cercanía de algunos estudiantes, profesores y la administración de la escuela con grupos de poder políticos oficialistas interesados en contener los periódicos movimientos estudiantiles y utilizar la “representación estudiantil” para acceder y relacionarse con las élites en el gobierno[6].

Después de la llamada "transición democrática" en el año 2000, los apoyos y subsidios a las organizaciones corporativas y de control de los estudiantes como la Sociedad de Alumnos y los grupos porriles que hasta hace pocos años se confundían dentro de la Facultad de Derecho[7]  se han visto mas o menos menguados por la descomposición del PRI, el protagonismo de otros partidos y agrupaciones en la política nacional y universitaria, además de la diversificación de los métodos de control de los alumnos en los centros educativos. También prevalece en nuestro plantel el sistema de representación integrado por Comités Directivos de Sociedades de Alumnos "que reproduce los vicios antidemocráticos del país, en los comicios para elegirlos…los grupos apoyados por las autoridades regalaban todo tipo de cosas,… acarreos, es decir, todo el clásico folklore electoral" [8]. 

Desafortunadamente varias de las características mencionadas se conservan como esencia de la actual Sociedad de Alumnos, esta situación responde entre otras cosas a la razón histórica de ese organismo, no es únicamente un problema de la buena o mala fe de los individuos que la conforman, ya que podemos encontrar a algunos compañeros honestos que son parte de ella, pero poco informados y muchas veces siendo utilizadas sus loables intenciones, en beneficio de grupos políticos externos e individuos con intereses muy particulares[9].

En el presente contexto de supuesta apertura a la pluralidad por parte de las autoridades universitarias es conveniente retomar el debate histórico de una necesaria reforma universitaria[10] y de la representación estudiantil para que nuestra máxima casa de estudios cumpla el cometido que se expresó en el artículo 1 la Ley Orgánica de la Universidad Nacional en 1929: "La Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas la cultura nacional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano. Será también fin esencial de la Universidad llevar las enseñanzas que se imparten en las escuelas, por medio de la extensión universitaria, a quienes no estén en posibilidades de asistir a las escuelas superiores, poniendo así la Universidad al servicio del pueblo."  

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1.     Mendieta y Nuñez, Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, México, UNAM, 1956, p. 168.

2.  De María y Campos, Alfonso,  Estudio histórico-jurídico de la Universidad Nacional (1881-1929), México, UNAM, 1975, p. 100.

3.   Jiménez Rueda, Julio, Historia Jurídica de la Universidad de México,  México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1955, p. 203.

4.   Cordoba, Arnaldo, La formación del poder político en México, México, Ediciones Era, 1972, p. 37.

5.  Jardón, Raúl, El espionaje contra el movimiento estudiantil. Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y las agencias de “inteligencia” estadounidenses en 1968, México, Itaca, 2003, p.18.

6.   Rivas Ontiveros, José René, La izquierda estudiantil en la UNAM: organizaciones, movilizaciones y liderazgos (1958-1972), México, UNAM, 2007.

7.   Ramírez Cuevas, Jesús, La UNAM, bajo acoso, en La Jornada por internet, 6 de junio de 2004 [en línea] <http://www.jornada.unam.mx/2004/06/06/mas-cuevas.html> [consulta 4 de agosto de 2011].

8.   Jardón, Raúl, Huelgas y organización estudiantil en la UNAM en los años 60 y 70, en Revista Rebeldía.org, 19 de abril de 2004 [en línea] <http://revistarebeldia.org/revistas/numero18/10huelgasyorganizacionunam.pdf> [consulta 4 de agosto de 2011].

9.     El ejemplo más reciente lo podemos encontrar con el Consejero Universitario estudiante Eric Ramírez, quien impulsó su carrera política en el estado de Colima sirviéndose de la “representación estudiantil” de la Facultad de Derecho.

10.   Casanova Cardiel, Hugo, La reforma universitaria y el gobierno de la UNAM, México, UNAM, 2009.   

Notas para el foro estudiantil

En la Universidad Nacional Autónoma de México un profesor de asignatura incluso con estudios de posgrado percibe como salario alrededor de 700 pesos al mes por cada grupo en el que imparte cátedra, mientras un soldado raso del ejército mexicano gana al menos 6100 pesos mensuales1, estas cifras solo son un destello que refleja el actual contexto de crisis que padece nuestro país y la consecuente existencia de espacios de excepción en el territorio nacional producto de las políticas de Estado destinadas a favorecer únicamente a sectores reducidos de la población.

Los estudiantes debemos cumplir con el compromiso social y humanista que caracteriza a nuestras instituciones educativas. Para abonar efectivamente a la transformación de la realidad hay que comenzar por nuestra Universidad,  con pensamiento crítico y documentado debemos defender y ampliar los derechos sociales que generaciones precedentes de universitarios conquistaron con arduos esfuerzos.

Es en ese sentido, que como estudiantes de la Facultad de Derecho convocamos a generar espacios de diálogo permanente entre la comunidad universitaria, ya que es patente que nuestra Facultad se encuentra lejos de cubrir con todo su potencial su finalidad primordial de formar profesionistas útiles a la sociedad (artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM). Para cumplir con tan importante tarea es indispensable que los alumnos contemos con condiciones de estudio que nos permitan desarrollar nuestro aprendizaje de una forma adecuada, contar con el ambiente propicio constituye un derecho fundamental.

El 30 de julio de 2008 el actual Director de la Facultad de Derecho Ruperto Patiño Manffer formuló un informe por escrito2 en el que manifestó que “muy pronto se estará en posibilidad de anunciar la inauguración de un restaurante-cafetería para uso de los integrantes de la comunidad de la Facultad de Derecho” es de resaltar que no hizo mención al indispensable subsidio a los precios de los alimentos, también se comprometió a realizar las gestiones necesarias para procurar que el personal encargado de la limpieza de los sanitarios fuera suficiente, anunció la supuesta creación de un “centro universitario para la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, además reconoció el deficiente funcionamiento de la Biblioteca Antonio Caso. A casi tres años de distancia los beneficios a los alumnos de la Facultad han sido limitados y en algunos casos las acciones llevadas a cabo por las autoridades han resultado perjudiciales, como las reformas a los planes y programas de estudio, que fueron aprobadas sin consultar a los estudiantes de la Facultad de Derecho y además redujeron el nivel educativo de la licenciatura en Derecho3. En aquel informe el Dr. Manffer no mencionó la intención de las autoridades universitarias de emplear inadecuadamente los recursos disponibles para el plantel, que se materializó en la instalación paulatina de un amplio sistema de vigilancia con decenas de cámaras de video distribuidas en las instalaciones de nuestra escuela, o la construcción de innecesarios pisos de mármol con dinero proveniente de Fundación UNAM, organización a través de la cual  prominentes empresarios como Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim Helú4 deducen impuestos.

Existen muchas otras cuestiones de las que es necesario informarnos, tratar colectivamente su planteamiento y alternativas de solución, ya que nos afectan cotidianamente de forma directa en nuestra formación profesional. Se trata primero de fundamentar nuestras distintas y respetables posiciones particulares para posteriormente buscar un diálogo fructífero, no utilizar nuestras necesidades como estudiantes para conseguir prebendas personales o reproducir en nuestro recinto educativo el espectáculo grotesco de los partidos políticos que obsequiando algún producto y sin debatir seriamente ni aportar propuestas valiosas esperan sumar aritméticamente votos o afiliados.

Aprendiendo de la historia de nuestra Universidad Nacional y de la mayoría de las universidades del mundo observamos que solo una organización estudiantil democrática y autónoma, con una clara independencia de las autoridades universitarias, sin injerencias de partidos políticos o grupos de poder, puede garantizar la mejora y defensa de los intereses de los estudiantes universitarios. Ese es el fundamento histórico y real del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México:

Las sociedades de alumnos –es decir, los colectivos- que se organicen en las escuelas y facultades y la federación de estas sociedades, serán totalmente independientes de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y se organizarán democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.

¡Te invitamos a tomar la palabra y participar!

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1 Datos aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

2 Actualmente disponible para su consulta por internet en: 
http://www.derecho.unam.mx/web2/modules.php?name=facultad&file=informe

3 Para más información de las periódicas reformas a los planes y programas de estudio se puede revisar un artículo que elaboramos estudiantes de la Facultad de Derecho donde abordamos el tema desde una panorámica general:  http://eltribunopopular.blogspot.com/2010/11/las-reformas-curriculares-la.html

4 Alfredo Harp Helú incluso es vicepresidente del comité directivo de Fundación UNAM, destacan en el órgano directivo el político y empresario Carlos Hank Ron fundador del oscuro “Grupo Atlacomulco”, el banquero Guillermo Ortiz Martínez, Carlos Slim, el diputado priísta Francisco Rojas, entre otros. Es claro por su historia, que estos personajes persiguen intereses económicos, ya sea individuales o de grupo, pero nunca procuran el bienestar común. Acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de Fundación UNAM: https://www.fundacionunam.org.mx/acerca/actas/12_06_08.pdf

¡Libros al alcance de todos!

A los libros, ya no es necesario que los prohíba la policía: Los prohíbe el precio.

Eduardo Galeano.

Los libros son fundamentales en nuestra formación académica, es imposible pensar en realizar una buena investigación sin haber consultado una basta bibliografía. Los compendios de leyes y los códigos son una herramienta que siempre debemos tener a la mano, entonces ¿cuál es la razón de sus precios altos en librerías? Debemos tomar en cuenta que muchas de estas publicaciones pierden validez incluso en pocos meses o semanas al producirse nuevas reformas y hay que adquirir una nueva edición.

Los costos de las obras de teoría jurídica oscilan entre 150 y 400 pesos, pero podemos encontrar tomos que exceden este rango. En el caso de los compendios de leyes por materia, su precio es casi siempre superior a los 100 pesos1. Importante es mencionar que según contratos de la Secretaría de Educación Pública para adquirir libros de texto, el costo de producción por ejemplar puede llegar a ser de 30 pesos o menos2. Parece claro que a las editoriales y librerías les resulta lucrativo aprovecharse de nuestra necesidad de adquirir libros.

Siendo que existe un acervo amplio en la biblioteca de la Facultad de Derecho, aún es insuficiente para una población de 10 800 alumnos y 900 profesores, principalmente en lo que concierne a los títulos de uso cotidiano, por ejemplo, Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maynez, Contratos Mercantiles de Arturo Díaz Bravo, El Juicio de Amparo de Ignacio Burgoa Orihuela, entre otros. En la biblioteca Antonio Caso se tiene registro de más de 5000 volúmenes "raros y valiosos del siglo XVI"3, pero carece de muchas ediciones actualizadas.


La propuesta es incrementar considerablemente (mínimo 30%) el descuento a estudiantes y académicos por la compra de materiales bibliográficos de cualquier editorial en las librerías de la Facultad, ya sea a través de un subsidio o la reducción de los precios. Que se incremente el acervo de la biblioteca, prioritariamente  en los ejemplares de mayor demanda para su consulta y la creación de un respaldo de textos digitalizados que sea de acceso libre por internet. También es necesario que como estudiantes tengamos la posibilidad de solicitar a la biblioteca el préstamo de un número mayor de volúmenes y disponer de ellos un tiempo más prolongado. 


Estas son exigencias que debemos sostener como parte de la comunidad universitaria que busca una educación de calidad, verdaderamente gratuita y pública, motivados por la urgencia de forjar una Universidad al servicio de la sociedad, para impulsar el desarrollo del país, sin recursos retóricos ni demagogia. Para retribuir con nuestra formación profesional a elevar el nivel de vida de los trabajadores -ya que nosotros pronto lo seremos-, quienes a partir de sus impuestos y energía hacen posible la existencia de todas las universidades públicas.


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1 Los costos actualizados se pueden consultar en http://www.porrua.com Siempre irán en aumento paulatino por causa de la inflación y de la crisis capitalista. 


2 Aponte, David. Miércoles 13 de abril de 2005. SEP adquiere libros con sobreprecios. El Universal.


3 Rangel Ramírez, Teresa. La Biblioteca de la Facultad de Derecho. Dirección General de Bibliotecas.
Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. IX.

Las reformas curriculares a la Licenciatura en Derecho

Avanza la deshumanización y tecnificación de la educación en la UNAM.

"En la actualidad, el país enfrenta algunos de los desafíos de siempre. Retos que se relacionan con demandas que dieron lugar a luchas históricas. Nuestras gestas han quedado incompletas, en la medida en que persisten para amplios sectores de la población mexicana condiciones de pobreza y de exclusión, así como una marcada desigualdad económica y social, una de cuyas expresiones se manifiesta en que solamente, en el mejor de los casos, uno de cada tres jóvenes tiene la posibilidad de cursar estudios de educación superior"1.         

Así se ha expresado el rector de la Universidad Nacional hace algunos meses, mencionando el papel que debe jugar nuestra institución educativa en el contexto de crisis actual y destacando las aportaciones que hemos hecho como comunidad universitaria en la historia contemporánea de México.

A la par de estas declaraciones y sin coincidir con sus buenas intenciones, al interior de la UNAM las autoridades universitarias impulsan discretamente reformas acordes "a los grandes desafíos del siglo XXI" y al "nuevo orden mundial"2 (sic), los cuales son eufemismos para referirse a los planes económicos del neoliberalismo, que son responsables de la debacle social y material del país.

El paquete de reformas se compone desde modificaciones al Estatuto del Personal Académico3, la  pérdida de derechos laborales en perjuicio de los trabajadores sindicalizados, hasta la mutilación de los planes y programas de estudio, situación que nos afecta directamente a toda la comunidad estudiantil al disminuir la calidad de la educación y elevar la carga académica para estrechar los filtros a los estudiantes de recursos medios o escasos, sin que esto signifique necesariamente que nos podamos insertar más fácilmente o con mejores condiciones en el mercado laboral. 

Las autoridades universitarias contradicen en los hechos su discurso a favor de la educación integral y una parte de la exposición de motivos del Proyecto Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Derecho (con fecha de aprobación por el Consejo Técnico del 8 de abril de 2010), ya que han promovido que se siga mermando paulatinamente el área de Derecho Social, quitando materias del tronco común o fusionándolas. 

También se le ha restado importancia al Derecho Público cuando nos encontramos en medio de una crisis muy grave del Estado Mexicano, cabe destacar la eliminación de la materia de Teoría Política. 

Estas no son ideas nuevas ni propias del Consejo Técnico o Académico, si investigamos más a fondo son en realidad producto de normas dictadas por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para países subdesarrollados como el nuestro, que atentando contra la autonomía universitaria consignada en el artículo 3 constitucional fracción VII, las autoridades simplemente acatan e imponen a la comunidad.

Hay variedad de documentos y testimonios que acreditan lo anterior, por ejemplo, artículos del World Bank Technical Paper, num. 78, 1988 o el documento Examenes de las políticas nacionales de educación: México, Educación Superior, OCDE, 1997. 

Ante el fracaso histórico de estos organismos internacionales que contribuyeron enormemente a sumergir a gran parte de la humanidad en la crisis actual del sistema capitalista, conviene cuestionarse si es conveniente seguir sus "recomendaciones", aunque estén camufladas al interior de la UNAM como "actualizaciones necesarias" (¿para quien?) y tomadas, dicen, luego de una amplia "consulta realizada a los alumnos"4.

Nosotros estamos a favor de que se reformen los planes y programas de estudios, pero no en el sentido pretendido por las autoridades de mercantilizar conocimiento, hacerlo de unos pocos, utilizar la educación para favorecer a los poderosos empresarios de siempre y mantener intactos los cimientos del sistema jurídico y social de México que a diario nos demuestra su fracaso. 

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1 Gaceta UNAM, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, 4285: 32.

2 Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, UNAM. El documento se presentó a revisión ante el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio el 16 de junio de 2010, siendo aprobadas las numerosas modificaciones  en una sesión que duró 1:35 minutos.

3 Goche, Flor.2010. Catedráticos de la UNAM futuro incierto. Contralínea. 194:44-49.

4  Falacia utilizada como justificación en el Proyecto mencionado y también sostenida por el director y los “representantes estudiantiles” de la Facultad de Derecho durante la sesión de la Comisión del CAACS y asentada en el Acta CPPPE-LXXV-16-VI-10.

La disputa por el control de los recursos naturales

En los últimos años se ha agudizado la precarización de la vida humana, resultado del capitalismo, por eso la defensa de los recursos naturales como bienes públicos debe ser un ámbito de primer orden. La crisis ambiental se hace presente día a día. Indispensable es comprender que los temas ambientales no son frívolos o ajenos a la realidad social, económica y política, ya que el planeta se encuentra cada vez más demacrado, debido al agotamiento al que lo somete el sistema económico. 

Algunos movimientos liderados por organizaciones civiles que muestran resistencia a esta explotación desmedida, son trágicamente, organizaciones que confluyen con la élite económica, convirtiendo el tema de la devastación de los recursos naturales en un área de consumo. Estas asociaciones reproducen la idea de que se puede revertir la situación del planeta entero si una persona realiza pequeñas acciones para cambiar su entorno y así obtener grandes resultados , lo que se ignora es que no somos culpables solo los individuos de la situación catastrófica que se gesta en el mundo, son las grandes empresas con su poder de destrucción las que están acabando con la naturaleza, y no se responsabilizan de sus actos. Paradójicamente esas corporaciones tienen el aval de las instituciones de los diferentes Estados y de las "organizaciones ambientalistas", a las que pagan fuertes sumas de dinero por su discreción y por mantener la impunidad.

En el caso de México, contamos con ejemplos de oposición a la depredación del medio ambiente. Existen cientos de luchas que han emprendido los pueblos por la defensa de su tierra y de su patrimonio comunal, han dado grandes batallas por su derecho a subsistir con una identidad cultural propia y tomando de los recursos naturales únicamente lo indispensable para satisfacer sus necesidades.

El caso más aludido en fechas recientes se trata sin lugar a dudas el de San Salvador Atenco, un municipio ubicado en el Estado de México, próximo al Distrito Federal, en el que en el año 2001 se expropiaron más de 5 mil hectáreas con el propósito de construir un aeropuerto internacional. La construcción de dicha obra responde al lugar estratégico en el que Atenco se encuentra, ya que se ubica en un territorio idóneo donde se localiza la única planicie cercana a la Ciudad de México, a unos 40 kilómetros de la capital, rodeada por la zona serrana del Estado de México y cercana al lago de Texcoco.
Gracias a la lucha que sostuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se logró que la administración de Vicente Fox no continuara con el proyecto, que afectaba a más de 40 mil habitantes de la región, a los municipios vecinos, y que acarreaba problemas graves de salud pública y afectación ambiental.

Como es característico de las instituciones divorciadas del interés general, el ejecutivo federal no tomó en cuenta a los pobladores afectados. El descontento también tomó su vía jurídica, se interpusieron 11 amparos en contra de la expropiación. Que la razón asistía a los campesinos se demostró en las resoluciones de suspensión de los actos de autoridad, como la concedida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por medio del amparo que interpuso el ejido Santiago Cuautlalpan (localizado en Texcoco) por medio de la Procuraduría Agraria. También tres ayuntamientos y el Distrito Federal promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos los supuestos de invasión de competencias que contemplan el artículo 103 constitucional y el artículo 1 fracción II de la Ley de Amparo. Los municipios quejosos alegaban la violación al artículo 115 fracción V incisos a y d de la Constitución en lo concerniente a su participación en la administración y aprobación de los planes de desarrollo urbano, además de su vigilancia en la utilización del suelo.

Otro ejemplo al que nos podemos referir tiene lugar en Oaxaca, que es un importante referente de la lucha contra la arbitrariedad y conducta despótica del Estado Mexicano, donde se han gestado movimientos liderados por indígenas, quienes pugnan por su derecho a la autodeterminación.
En el municipio de Zacatepec, en territorio Mixe, se libró una contienda por el dominio de las tierras, debido a que se concesionó a una compañía minera canadiense la explotación de más de 4 mil hectáreas, concesión a la que el pueblo Mixe se opuso rotundamente y cuya férrea batalla logró que dicha empresa desistiera de su intención en 2009.

A pesar de lo difícil de la lucha los triunfos se han conquistado, como anteriormente pudimos constatar, desafortunadamente el fantasma de la muerte y la injusticia ronda todo movimiento genuino y libre en su andar.
Nuestros compañeros defensores de la tierra son encarcelados y asesinados por su actitud subversiva a los intereses inhumanos, tenemos el claro ejemplo de Beatriz Cariño, ecologista y defensora de los derechos humanos, asesinada cuando se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala en una caravana humanitaria. o el compañero Mariano Abarca opositor al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, asesinado hace un año.

En conclusión, las desgracias que caen sobre nuestros pueblos que luchan por la tierra no les hace parar, les alienta para continuar en la batalla, la rabia les hace perder el temor de exigir lo que por derecho les pertenece.1
Nuestra respuesta frente a la desmesurada sustracción de los recursos naturales por la maquinaria capitalista, es la resistencia de los pueblos, la defensa de los núcleos ejidales y comunitarios, el dominio de sus tierras  y la explotación de las mismas por la colectividad, no por el individuo. También contestamos al ir a la ofensiva por el control de los recursos naturales que son de la Nación, nuestros y no de "ellos", los que cuando acaban con todo se marchan dejando solo destrucción y miseria.
Los recursos naturales son fuente de vida, no son fuente de dinero.


1 Como ejemplo de legislación internacional tenemos el Convenio 169 de la OIT,que es producto de los procesos sociales desencadenados por los pueblos,no de la "buena voluntad" de los gobernantes.

Sin salubridad en los sanitarios, pero hay un piso de mármol

Se incumplen compromisos de las autoridades.

En un comunicado dirigido a la comunidad de la Facultad de Derecho el 30 de julio de 2008, signado por el Director Ruperto Patiño Manfer, se mencionan futuras adecuaciones a diversos recintos del plantel, entre ellos los sanitarios. Se anunciaron medidas para "mantener en un nivel adecuado de limpieza dichas instalaciones" y la realización de "gestiones con las autoridades centrales de la UNAM para buscar una pronta y eficiente solución al problema"1.

Con el nivel de salubridad que prevalece en los sanitarios de la Facultad, estamos expuestos a contraer infecciones gastrointestinales, respiratorias o dermatológicas que implican diarrea, vómito, y/o fiebre que al complicarse pueden derivar en hepatitis tipo A o B, tifoidea, cólera, salmonelosis, neumonía y sinusitis 2.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social el correcto lavado de manos es la medida más eficaz para evitar, en 80%, las enfermedades gastrointestinales.

Los recursos económicos para satisfacer la demanda de toda la comunidad por unos sanitarios higiénicos y con material de aseo personal, desde luego son suficientes, nos lo demuestran las cuantiosas inversiones de "Fundación UNAM" (asociación que aporta dinero extra al presupuesto universitario), que no se han destinado a resolver esta cuestión tan básica, pero si para que en el edificio D tengamos un inutil y oneroso piso de mármol 3. Esto reafirma que la prioridad de dicha fundación son los negocios de particulares como los de su vicepresidente, el millonario Alfredo Harp Helú, no el bienestar de la comunidad universitaria.

Más de dos años después de las promesas, nuestra salud sigue en riesgo por la falta constante de mantenimiento, jabón y papel en los baños, y como el mismo director lo reconoce en su comunicado, uno de los factores que provoca tal problema es la falta de personal asignado para atender tal labor.¿Qué resultado efectivo para los estudiantes, profesores y trabajadores tuvieron tales gestiones?

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1 Citas textuales de un comunicado emitido por el director de la Facultad de Derecho, del cual tenemos copia, a cuatro meses de iniciada su gestión y como resultado de la formulación de diversas demandas por parte de la comunidad para pedir rendición de cuentas a las autoridades del plantel.


2  Información obtenida de un Comunicado fechado el 15 de octubre de 2009 por la Coordinación de Comunicación Social del IMSS a propósito del Día Mundial del Lavado de Manos.


3  Remodelación que se anunció de forma muy entusiasta por las autoridades de la Facultad en su discurso de bienvenida a la generación 2011-2015 el martes 10 de agosto del presente año.

Comedor económico en la Facultad de Derecho

Una necesidad ignorada.

Sin lugar a dudas, no se puede hablar de una educación de óptima calidad en la mejor universidad de latinoamérica cuando esta carece de un servicio tan básico como lo es el brindar una alimentación realmente nutritiva, higiénica y a bajo costo durante nuestra estancia en esta casa de estudios.

Según el perfil de los alumnos de primer ingreso a la Facultad de Derecho de la UNAM1 en el 2009, el principal sostén económico de más del 60% son uno o ambos padres dentro de familias que cuentan con 3 o 4 hijos y una percepción económica mensual en su mayoría de 2 a menos de 4 salarios mínimos.

 Lo anterior nos sugiere que es insoslayable la creación de Comedores Económicos susidiados como parte de medidas urgentes para elevar el rendimiento académico de los estudiantes, evitar la deserción escolar en un contexto de crisis y prevenir la generalización de enfermedades.

Una deficiente nutrición provoca serios y múltiples padecimientos que pueden ir desde la anemia hasta la obesidad. Esta última enfermedad se ha catalogado ya como pandemia en nuestro país, pues incluso pronostican nutriólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social que de sostenerse la tendencia, en 8 años el 90% de los mexicanos podrían presentar sobrepeso u obesidad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 refiere que hay más de 5 millones de jóvenes obesos.

El proyecto de Comedores Económicos subsidiados es claramente realizable, la Universidad Autónoma Metropolitana posee cafeterías subsidiadas donde el precio mínimo de una comida que contiene leguminosas, guisado, verduras y pan o tortillas es de $2.50, destacamos que esta institución las mantiene con un presupuesto mucho más limitado que el de la Universidad Nacional.

La importancia de no echar a andar esta iniciativa por parte de las autoridades universitarias y de dejar en manos de particulares el actual servicio de comedores, tiene una similitud considerable con las políticas económicas que en México nos han llevado a una profunda crisis que apenas ha iniciado, pues se presta a la especulación en provecho de unas cuantas personas y el aumento de los precios de los servicios a costa del grueso de la población universitaria: los estudiantes.

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1 Datos obtenidos del Portal de Estadística Universitaria, a cargo de la Dirección General de Planeación de la UNAM http://www.estadistica.unam.mx/perfiles/

Un territorio sin Estado: San Juan Copala, Oaxaca

El concepto de Estado, la unidad que representa, tanto en su acepción jurídica como sociológica, contrasta enormemente con la realidad imperante en el municipio de San Juan Copala en Oaxaca, éste se encuentra en la zona indígena triqui donde el Estado de derecho no existe, paradójicamente con la complacencia de las autoridades estatales y federales.

Pero estos hechos no son producto de un simple desorden de inseguridad pública o de la delincuencia organizada, tienen un propósito social que se deja entever.

El Estado moderno ha nacido como una unidad de asociación organizada, un régimen civil caracterizado por la separación del poder político de la propiedad privada. Históricamente se enfrentó a un doble dualismo de poder formado por el derecho del rey o soberano contra el derecho del pueblo; y el poder espiritual (la iglesia) en antítesis al poder terrenal (el Estado). Finalmente se instauró la unidad de este último, dominando la contienda entre las partes, de modo que concentra poder y derechos, conseguidos por medio de procesos históricos que posibilitaron la superación de las divisiones sin absorber completamente al individuo, reconociendole derechos y garantizando algunas libertades.

Ha logrado la unidad de territorios que antes estaban separados, creó un ejército, y sólo él puede emplear legalmente la fuerza, además de colocar bajo su amparo la administración de justicia; si éstas son carcacterísticas fundamentales del Estado moderno ¿qué pasa en el municipio de San Juan Copala, que se encuentra sitiado por un grupo paramilitar, identificado plenamente como priísta ( la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, conocida como UBISORT ), desde noviembre de 2009? Los habitantes del municipio no pueden salir de sus casas sin poner su vida en grave peligro, ni siquiera para conseguir  comida o ir al médico y las escuelas permanecen cerradas; la mayoría de los pobladores alojan en sus cuerpos balas  y heridas causadas por los tiroteos incesantes de la Ubisort.

La realidad contrasta con  las declaraciones de la supuesta permanencia del Estado de Derecho en Oaxaca que tanto divulga la clase política de esa entidad federativa, en este territorio de la etnia triqui se ha creado de facto un estado de excepción, no existe ni la segruidad jurídica ni la legalidad, principios torales del sistema jurídico mexicano.
El 27 de abril del año en curso, una caravana pacífica con integrantes de varias organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y periodistas, que tenía como objetivo documentar la situación de la comunidad y llevar ayuda humanitaria, fue baleada en el paraje La Sabana, el asentamiento más cercano a San Juan Copala. Los atacantes portaban armas de asalto AK-47 y AR-15, dejando como saldo 2 personas muertas (Beatriz Carño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y Jiry Jakkola, observador finlandés de derechos humanos) y 21 heridos.

Los gobiernos estatal y federal saben perfectamente lo que está pasando en el municipio oaxaqueño de San Juan Copala, donde ni la Constitución, ni los derechos humanos tienen vigencia, el acceso al lugar es controlado por un grupo armado minúsculo al que ni siquiera casi 500 elementos de la policía se atreven a replegar (ver revísta Contralínea 13/06/2010). Se está cometiendo una masacre y el Estado mexicano no hace algo efectivo para impedirlo ¿será que resulta realmente peligroso enfrentarse a la Ubisort?¿o se trata de una estrategia para desaparecer organizaciones independientes, apropiarse de los recursos naturales de esa región y explotarlos en beneficio de unos cuantos?

Una caravana más de solidaridad partió el 7 de junio de la Ciudad de México, con ocho autobuses, varios vehículos y un tráiler cargado con con varias toneladas de víveres, su fin: levantar testimonios, entregar alimentos y medicinas, además de romper el estado de excepción. Su paso fue impedido nuevamente por el grupo paramilitar, ahora en coordinación con las autoridades estatales y se vió en la necesidad de regresar ante un riesgo inminente de agresión por parte del grupo priísta. Los cuerpos policiales y la procuraduría estatal de justicia, no realizaron ninguna acción efectiva  para que los víveres pudieran llegar a la población, no levantaron alguna averiguación previa y tampoco se comprometieron a asegurar el respeto a garantías tan elementales como las de tránsito, legalidad, libertad y seguridad jurídica en aquel centro político y ceremonial triqui.

La exigencia de los indígenas oaxaqueños de San Juan Copala es ejercer su derecho a su libre determinación como pueblos originarios, situación que está tutelada por el artículo 2 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Muchas preguntas surgen: ¿Cómo es posible que los humildes pobladores oaxaqueños adquieran armas de uso exclusivo del ejército?, la emboscada fue cuidadosamente planeada, ¿quién brindó el entrenamiento?¿por qué la policía debió "pedir permiso" o negociar con el PRI-Ubisort para entrar a la comunidad a rescatar a los dos periodistas de la revista Contralínea escondidos en la montaña para guarecerse del ataque?

Sin duda, todo lo anterior se desarrolla con la complacencia de las autoridades de todos los niveles, quienes deben garantizar nuestros derechos más fundamentales. Si el Derecho no es vigente para todos, si se permiten excepciones como ésta, entonces no puede serlo para nadie.

¿Dónde está la delincuencia organizada?

, OSiguen las graves violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército y las fuerzas policiales de todos los niveles.

En la supuesta guerra contra el narcotráfico han participado alrededor de 96 mil efectivos del ejército mexicano. A las más de 28 mil vidas perdidas por el conflicto, cada día que pasa se le suman aritméticamente decenas de homicidios, pero únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

A la par aumentaron escandalosamente los informes de ataques de las fuerzas militares y policiales contra civiles, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Esta ilegal "guerra" es en realidad una contienda contra la sociedad fuera de los límites de la razón y la Constitución, no existe en la norma hipotética fundamental alguna figura jurídica que la sustente plenamente, por este motivo el poder ejecutivo busca reformar la Ley de Seguridad Nacional para legitimar su actuar.

La Procuraduría General de la Republica reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre dicienbre de 2006 y febrero de 2010 estaban vinculados con algún cartel de la droga.

Las casi siempre magras recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aumentaron más del 50% en el año 2009 con respecto al 2008.

Todo este cúmulo de cifras no hace más que evidenciar la equivocada, estéril y cruel estrategia del gobierno federal para combatir los ilícitos que dañan a nuestro país. Un solo ejemplo entre muchos otros lo tenemos con la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo Tamauulipas, cuya responsabilidad documentada es de miembros del ejército mexicano. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados el mes de abril del año pasado.

Así las autoridades han incumplido el mandato constitucional e historico de los artículos 13 y 129 de la carta magna, donde está establecida claramente la conducta que deben guardar las autoridades y tropas militares, la cual no corresponde de ninguna manera a la que vemos y padecemos en la vida cotidiana. Vaya, ni siquiera el flamante egresado de la Escuela Libre de Derecho y sus colaboradores han promovido legalmente la declaración de perturbación grave de la paz pública que en su discurso manifiestan y sostienen hasta el cansancio.

En el mes de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ahí se señalaron y cuestionaron a los representantes del gobierno mexicano las alarmantes condiciones en que han sumergido a la sociedad producto de una política económica y social que se asemeja más al terrorismo de Estado y a la contrainsurgencia que a una búsqueda geniuna por preservar la seguridad pública y la paz. No es dificil prever que bajo las políticas públicas presentes seguirán las prácticas ignominiosas como la desaparición forzada por motivos políticos, el arraigo, la impunidad y la tortura, pues incluso respecto a esta última, se le sigue dando valor probatorio a las declaraciones arrancadas bajo este tipo de coacción.