, OSiguen las graves violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército y las fuerzas policiales de todos los niveles.
En la supuesta guerra contra el narcotráfico han participado alrededor de 96 mil efectivos del ejército mexicano. A las más de 28 mil vidas perdidas por el conflicto, cada día que pasa se le suman aritméticamente decenas de homicidios, pero únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.
A la par aumentaron escandalosamente los informes de ataques de las fuerzas militares y policiales contra civiles, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
Esta ilegal "guerra" es en realidad una contienda contra la sociedad fuera de los límites de la razón y la Constitución, no existe en la norma hipotética fundamental alguna figura jurídica que la sustente plenamente, por este motivo el poder ejecutivo busca reformar la Ley de Seguridad Nacional para legitimar su actuar.
La Procuraduría General de la Republica reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre dicienbre de 2006 y febrero de 2010 estaban vinculados con algún cartel de la droga.
La Procuraduría General de la Republica reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre dicienbre de 2006 y febrero de 2010 estaban vinculados con algún cartel de la droga.
Las casi siempre magras recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aumentaron más del 50% en el año 2009 con respecto al 2008.
Todo este cúmulo de cifras no hace más que evidenciar la equivocada, estéril y cruel estrategia del gobierno federal para combatir los ilícitos que dañan a nuestro país. Un solo ejemplo entre muchos otros lo tenemos con la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo Tamauulipas, cuya responsabilidad documentada es de miembros del ejército mexicano. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados el mes de abril del año pasado.
Así las autoridades han incumplido el mandato constitucional e historico de los artículos 13 y 129 de la carta magna, donde está establecida claramente la conducta que deben guardar las autoridades y tropas militares, la cual no corresponde de ninguna manera a la que vemos y padecemos en la vida cotidiana. Vaya, ni siquiera el flamante egresado de la Escuela Libre de Derecho y sus colaboradores han promovido legalmente la declaración de perturbación grave de la paz pública que en su discurso manifiestan y sostienen hasta el cansancio.
En el mes de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ahí se señalaron y cuestionaron a los representantes del gobierno mexicano las alarmantes condiciones en que han sumergido a la sociedad producto de una política económica y social que se asemeja más al terrorismo de Estado y a la contrainsurgencia que a una búsqueda geniuna por preservar la seguridad pública y la paz. No es dificil prever que bajo las políticas públicas presentes seguirán las prácticas ignominiosas como la desaparición forzada por motivos políticos, el arraigo, la impunidad y la tortura, pues incluso respecto a esta última, se le sigue dando valor probatorio a las declaraciones arrancadas bajo este tipo de coacción.
Así las autoridades han incumplido el mandato constitucional e historico de los artículos 13 y 129 de la carta magna, donde está establecida claramente la conducta que deben guardar las autoridades y tropas militares, la cual no corresponde de ninguna manera a la que vemos y padecemos en la vida cotidiana. Vaya, ni siquiera el flamante egresado de la Escuela Libre de Derecho y sus colaboradores han promovido legalmente la declaración de perturbación grave de la paz pública que en su discurso manifiestan y sostienen hasta el cansancio.
En el mes de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ahí se señalaron y cuestionaron a los representantes del gobierno mexicano las alarmantes condiciones en que han sumergido a la sociedad producto de una política económica y social que se asemeja más al terrorismo de Estado y a la contrainsurgencia que a una búsqueda geniuna por preservar la seguridad pública y la paz. No es dificil prever que bajo las políticas públicas presentes seguirán las prácticas ignominiosas como la desaparición forzada por motivos políticos, el arraigo, la impunidad y la tortura, pues incluso respecto a esta última, se le sigue dando valor probatorio a las declaraciones arrancadas bajo este tipo de coacción.
