Expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a los compañeros de la Coordinadora Luchar por el trascendental triunfo electoral que lograron como lista C y que ahora los coloca al frente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile a través de su nueva presidenta Melissa Sepúlveda.
Estamos seguros que ante el próximo escenario político que se presentará en Chile, la mesa directiva de la Federación impulsará con renovados bríos la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, además de concretar la unidad multisectorial que ponga a la universidad al servicio de las clases subalternas.
Desde la Universidad Nacional Autónoma de México ponemos de manifiesto nuestra total disposición para avanzar en solidaridad frente a los desafíos comunes y las realidades locales del movimiento estudiantil y social latinoamericano.
Cuando las dos movilizaciones convocadas para rememorar los hechos del 10 de junio de 1971 arribaron al centro Histórico de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública ejecutó el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes, publicado el 25 de marzo mediante la emisión del Acuerdo 16/2013.
La puesta en práctica de éste ordenamiento administrativo consistió en la restricción a la libertad de tránsito y del derecho a la manifestación pública, ya que cientos de policías cubrieron totalmente el perímetro de las marchas.
Durante el trayecto de la movilización estudiantil que partió de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional al Zócalo capitalino no se registraron otros incidentes, sin embargo cuando la vanguardia de la manifestación entró aproximadamente a las 18:45 hrs. a la explanada del centro de la ciudad por la calle 5 de mayo, y la otra concentración ya se encontraba en la plaza, a la altura de la avenida Francisco I. Madero tenía lugar un incidente entre algunos encapuchados y el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Lo anterior, aunado a la detención de por lo menos 26 personas al finalizar las manifestaciones, la mayoría de dichos actos de autoridad realizados arbitrariamente, dan cuenta de múltiples casos de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes. Por ejemplo, al estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco Juan Esteban Barreda Martínez no le fue respetado su derecho a la integridad personal, pues su aprehensión la llevaron a cabo agentes vestidos de civil, además de ser lesionado por golpes en la cabeza aún padeciendo problemas de salud, lo que le ocasionó la pérdida del conocimiento.
Luego de las multitudinarias manifestaciones desarrolladas continuamente desde el año 2011 por parte de los alumnos de decenas de universidades y liceos a lo largo y ancho de aquel país andino, el movimiento estudiantil chileno se reincorpora ante la intransigencia del gobierno saliente a cargo de Sebastián Piñera Echenique y enarbola las demandas de educación pública, gratuita y contra el lucro de la educación, peticiones que también han convocado a otros sectores de la población.
¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)?
El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos: La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y
sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos;
hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por
grupos u organizaciones privadas. El TPP ha respaldado y acompañado las
luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos
fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación,
contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las
esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.
El TPP se nutre de la experiencia del prestigioso Tribunal Russel, que
juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la
represión llevada a cabo por las dictaduras militares en latinoamérica.
Tras las gestiones de Lelio Basso, en 1979 se constituyó formalmente,
teniendo como principal referente la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del
Proceso de Nüremberg, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
¿Por qué el TPP se encuentra en México?
En
enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales y personalidades
convocaron a la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México con el objetivo de
visibilizar en el plano nacional e internacional el terror creciente y
sistemático que vienen desplegando el Estado mexicano, azuzado y
soportado por el Estado estadounidense y por numerosas empresas
transnacionales en contra de la sociedad mexicana.
En octubre del
2011, en la Ciudad de México, quedó formalmente establecido el TPP. El
tema central que abordará el TPP, en su Capítulo México, es "Libre
Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos", que habrá
de atenderse a través de siete ejes temáticos, entre que se encuentra:
el Eje "Guerra Sucia como violencia, Impunidad y falta de acceso a la
Justicia".
A finales de mayo del 2012 se realizó, en Ciudad
Juárez, Chihuahua, la Audiencia General Introductoria: Libre comercio,
violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México 2011-2014, y se
emitió el primer dictamen por parte de los jueces internacionales que
estuvieron presentes en la Audiencia.
¿Qué es el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia?
El Eje de guerra sucia abarca desde la violencia estructural que el
Estado mexicano ha venido ejerciendo en contra del pueblo de México,
hasta la violencia dirigida en contra de las diferentes expresiones de
la manifestación y la protesta social.
Los temas del Eje son: El
proceso de militarización y paramilitarización, la práctica sistemática
de la tortura, la detención arbitraria o ilegal, la desaparición forzada
de personas, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, las masacres,
las fosas comunes, la prisión por motivos políticos, la criminalización
de la protesta social y otras graves violaciones a los derechos humanos.
En
el Eje de guerra sucia participamos diversas organizaciones sociales,
de derechos humanos, académicos, intelectuales y personas sensibles ante
la injusticia, para la audiencia introductoria en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en mayo del 2012, de manera colectiva, entregamos a los
jueces del TPP el documento: "Libre comercio y violencia".
La
audiencia final del eje de Guerra sucia, con la presencia de los jueces
internacionales, se llevará a cabo en marzo del 2014. Durante el 2013 se
realizarán foros temáticos, talleres, documentación, encuentros y pre
audiencias para ir fortaleciendo el proceso que nos permita demandar,
con fundamentos sólidos, al Estado mexicano por las graves violaciones a
los derechos humanos en contra del pueblo.
¿Cuál es el contenido del documento Libre comercio y violencia, elaborado por la Audiencia: "Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia"?
El documento: Libre comercio y violencia, es un escrito elaborado
colectivamente que busca incentivar la discusión y abonar al esfuerzo
por analizar, sistematizar, y dar a conocer a la sociedad las
diferentes políticas del Estado mexicano destinadas a garantizar la
imposición de la lógica del libre comercio, así como las políticas
económicas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos neoliberales,
por lo menos, durante los últimos 30 años.
Por un lado, trata de
establecer la relación entre libre comercio y violencia estatal y por
otro, la relación entre violencia estructural y la violencia dirigida en
contra de la inconformidad y organización social.
No es un
documento acabado y, si bien, fue entregado a los jueces internacionales
en la Audiencia Introductoria, realizada en Ciudad Juárez, es necesario
que se vuelva a discutir y a nutrir con la experiencia del movimiento
social y con las investigaciones de intelectuales y académicos que así
lo deseen.
Por ello, les hacemos una atenta invitación a leer el
documento, a criticarlo y a restarle las insuficiencias y a sumarle los
aportes necesarios para que realmente sea un documento que muestre una
mirada general, pero profunda sobre el acontecer de nuestro país.
El
formato del documento que les hacemos llegar está pensado y diseñado
como cuadernillo de trabajo para que se pueda, inclusive a mano,
escribir lo que se crea necesario.
¿Cómo participar en el Eje de guerra sucia del TPP, capítulo México?
Las aportaciones, críticas o sugerencias sobre el documento elaborado
por la audiencia de guerra sucia serán recibidas en el correo de: tpp.guerrasucia.mx@gmail.com, o también a: eltribunopopular@gmail.com
Igualmente,
si de manera colectiva o individual, alguna organización o persona
quiere sumarse a los trabajos y actividades de la audiencia de Guerra
sucia, también en el correo referido se dará toda la información
requerida, así como las diferentes fechas para las reuniones del Eje.
Decreto de la Asamblea Legislativa publicado el 27 de diciembre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se reforma el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, que contiene el tipo penal de ataques a la paz pública. Modificación producto de las movilizaciones por la libertad de los detenidos arbitraria e injustamente por los sucesos del 1 de diciembre.
Se emite nueva convocatoria a los estudiantes del plan de estudios 1342 para iniciar su registro en la forma de titulación a través del Programa Único de Especialidades.
De forma discreta y en un documento sin fecha firmado por la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, recién designada Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, se emitió una nueva convocatoria para los alumnos que desean optar por la forma de titulación a través del Programa Único de Especialidades también denominada "Estudios de Posgrado". Tal y como se reconoce en el citado documento, dicha publicación fue resultado directo de un proceso de movilización y gestión de estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes realizaron diversas peticiones a las autoridades universitarias ante la falta de transparencia y acceso a información respecto a las condiciones de titulación formuladas en el plan de estudios 1342 -que comprende a alumnos de sexto y octavo semestre de la licenciatura en derecho-, situaciones que se gestaron a partir de las múltiples e irregulares reformas a los planes de estudio que se cursan en el plantel. Las modificaciones de los últimos años a los planes y programas de estudio no han sido democráticamente consultadas con los profesores y alumnos, además de contravenir los lineamientos establecidos en el Marco Institucional de Docencia, cuerpo normativo que integra la Legislación Universitaria.
Queda demostrado que sólo la organización y participación estudiantil autónoma es eficaz en el mejoramiento y defensa de los intereses colecitvos de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Las acciones emprendidas siempre fueron al margen de los consejeros estudiantes y la "Sociedad de Alumnos".
Agradecemos la importante colaboración de las compañeras y los compañeros que nos brindaron su apoyo durante la colecta de firmas y promoción de las peticiones realizadas ante las autoridades universitarias. Hacemos un llamado para continuar al pendiente de los pormenores en el proceso de registro en la forma de titulación a traves del Programa Único de Especialidades, por ejemplo, en lo referente a los onerosos y pretendidos cobros de inscripción, de los cuales no se hace mención alguna en la convocatoria publicada por la Dirección de la Facultad de Derecho.
Producto de la emergencia de amplios movimientos sociales en países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se inicia la construcción de nuevas Constituciones, que contienen un nuevo paradigma de organización jurídica y política desde las clases subalternas, el cual contrasta con el Estado-Nación liberal.
Es así que consideramos de gran trascendencia conocer dichos procesos, a través de su análisis y discusión, por lo que el día jueves 12 de abril se llevó a cabo la Conferencia Magistral: "Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. El caso venezolano" a cargo del Dr. Antonio de Cabo de la Vega, en el auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM.
El jueves 8 de marzo se llevó a cabo en el auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho de la UNAM el foro: La enseñanza de los Derechos Humanos. Hacia su incorporación integral en los planes de programas de estudio.
Ante un auditorio lleno, los ponentes expusieron la importancia de una perspectiva crítica de los Derechos Humanos y de su expresión en una práctica cotidiana transformadora. Así, con la participación de la sociedad civil, académicos y estudiantes se construyen propuestas desde la Universidad ante la crisis social actual.
Estudiantes de la Facultad de Derecho manifiestan inconformidades
Con las firmas de más de 350 alumnos pertenecientes al Plan de estudios 1342 de la Facultad de Derecho de la UNAM, se entregó en viernes 2 de marzo una carta petitoria [1] dirigida al rector José Narro Robles en la oficina del Abogado General Luis Raúl González Pérez, donde se solicita acceso a la información y respeto a las condiciones planteadas por las autoridades de la Facultad de Derecho de la UNAM respecto al curso de especialidad como forma de titulación.
Dicha misiva pone de manifiesto severas irregularidades presentes en el plan de estudios 1342 aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho el 29 de abril de 2008, ya que inmediatamente después del ingreso de los estudiantes que cursan bajo ese plan de estudios ─el cual comprende a los alumnos que actualmente se encuentran inscritos en sexto y octavo semestre─, durante el curso propedéutico denominado: Programa de Formación ética de la Facultad de Derecho de la UNAM, se les informó por parte de las autoridades de la Facultad que tenían la posibilidad de optar por una especialidad como medio de titulación, luego de acreditar el 100% de créditos durante los ocho semestres que integran ordinariamente la carrera. La especialidad tendría una duración de un año, por lo que al optar por esta forma de titulación, se cursaría un total de diez semestres, al final de los cuales se obtendría el título de Licenciado en Derecho y Especialista en alguna área jurídica.
Una de las principales inconformidades expresadas en la carta, que también se hizo llegar al Dr. Ruperto Patiño Manffer en su carácter de Director de la Facultad de Derecho y Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad, es la ausencia de información oportuna, incluso al solicitarla personalmente por los alumnos interesados ante las instancias escolares correspondientes.
En su Informe de Gestión 2008-2012, el Director de la Facultad de Derecho omitó referirse al plan de estudios 1342, y únicamente subrayó el supuesto éxito de las “vanguardistas” reformas que resultaron en la aprobación del último plan de estudios 1447, en el que se encuentran inscritos los alumnos de segundo y cuarto semestre. Las continuas y caóticas reformas a los planes de estudio arrojan tres planes de estudios vigentes en la actualidad, el 1138, 1342 y 1447.
Es importante destacar que el plan de estudios 1342 fue aprobado en 2008 por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales en contravención al Marco Institucional de Docencia que forma parte de la legislación universitaria. En el numeral III titulado: Lineamientos Generales acerca de los Planes y Programas de Estudio, punto 20 se establece:
Es necesario que los consejos técnicos cada seis años realicen el diagnóstico de los planes de estudio de su competencia, con el fin de identificar las necesidades de modificación parcial o total de los mismos o de la creación de nuevos planes de estudio. La evaluación general, y las propuestas de modificación o de creación de planes de estudio, serán sancionadas por los consejos académicos del área que corresponda. La creación de planes de estudio, además requerirá de la aprobación, en lo general, del pleno del Consejo Universitario. Para ello habrán de considerarse los resultados de la evaluación de los mismos, las modificaciones que han tenido, así como las propuestas de modificación en el caso de que las haya. Preferentemente los planes de estudio no deberán modificarse en lo sustancial, hasta después de un año de que haya egresado la primera generación de alumnos que los cursó.
A la fecha no se conoce algún documento de evaluación o diagnóstico de los planes de estudio que justifiquen adecuadamente las numerosas modificaciones a los planes y programas de estudio de la Facultad de Derecho, además de que el Consejo Técnico no ha respetado los periodos indicados por el Marco Institucional de Docencia.
Un aspecto trascendental en la opción de titulación a través del curso de especialidad son los suntuosos cobros: $1000 por un examen de conocimientos que no garantiza el ingreso, $5000 por la inscripción y $7000 por reinscripción a dos semestres. ¿Dónde quedó la gratuidad de la Universidad Nacional? ¿No la han pagado ya los contribuyentes al fisco?
Es evidente que la opinión y los intereses colectivos de los estudiantes no han sido tomados en cuenta para formular las diversas reformas a los planes de estudio, además de la incertidumbre que provoca la cerrada toma de decisiones de las autoridades universitarias y la falta de acceso a la información.
Ante esto, solicitamos una pronta y satisfactoria respuesta a las demandas planteadas en la carta dirigida al rector José Narro Robles, al Abogado General de la UNAM y al Director de la Facultad de Derecho. En el mismo sentido, exigimos ante el problema descrito, un posicionamiento inmediato y responsable de los actuales consejeros alumnos integrantes del Consejo Técnico, del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y del Consejo Universitario, por ser de su entera competencia e interés.
Desde la organización autónoma estudiantil El Tribuno Popular de la Facultad de Derecho de la UNAM, apoyamos y hacemos nuestras las legítimas peticiones de los compañeros pertenecientes al plan de estudios 1342.
La opinión de estudiantes y trabajadores no será tomada en cuenta
En las próximas semanas la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México designará al Director de la Facultad de Derecho para el periodo 2012-2016.
Si bien se trata de una decisión de enorme importancia para la comunidad universitaria, en particular para la que pertenece al plantel - que incluye a los estudiantes, académicos y trabajadores de la Facultad-, la elección está reservada a una cúpula de autoridades y al propio Rector José Narro Robles.
El proceso de designación se encuentra regulado en el Estatuto General de la UNAM capítulo V artículo 37:
Los directores de facultades y escuelas serán designados por la Junta de Gobierno de ternas que formará el Rector, quien previamente las someterá a la aprobación de los consejos técnicos; [...]
Los directores de facultades y escuelas durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos una vez.
Es durante la aprobación de la terna presentada por el Rector en el Consejo Técnico donde los estudiantes podríamos intervenir, al menos parcialmente, ya que solamente contamos con 4 consejeros (de los cuales sólo 2 tienen derecho a voto) frente a 30 consejeros profesores y autoridades en el caso de la Facultad de Derecho. Sin embargo, los consejeros alumnos que recién asumieron el cargo, bajo una gran serie de irregularidades en el proceso de elección y una bajísima participación, aún no han declarado nada ni informado al estudiantado sobre tan importante suceso, cabe preguntarse qué postura tomarán "a nombre de la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho", sin antes haber realizado una amplia consulta sobre el tema. Es una responsabilidad que no han cumplido con los estudiantes que votaron por ellos y con los que no.
En este sistema cerrado, que reproduce claramente la lógica antidemocrática de gobierno que domina la Universidad, la auscultación de los candidatos se da en lo sombrío, es decir, no se somete a la mirada pública, garantizando así la discrecionalidad de la decisión tomada por la Junta, que no tiene la obligación de rendir cuentas a nadie; evitando lo público pero no lo político. El derecho al acceso a la información, a saber cuál es el programa de trabajo de los candidatos, y con él, el derecho de los alumnos a intervenir democrática y activamente en el proceso de designación -no formando parte de un simulacro de participación mediante una "recolección de firmas"-, ni siquiera figuran en este esquema de toma de decisiones elaborado en el marco de la anacrónica Ley Orgánica de 1945.
No existe algún mecanismo de consulta y mucho menos uno que permita a la comunidad evaluar la labor de las autoridades universitarias.
Los suntuosos cobros para la especialización y de diplomados, el inconsistente plan de estudios 1342, la necesidad de un comedor económico subsidiado que atienda el derecho a la alimentación, la recuperación de espacios de convivencia como áreas comunes y jardines, los diferentes problemas que ocasiona el "nuevo" plan de estudios 1447 en lo referente a la enseñanza del inglés, así como la urgente actualización de los planes y programas de estudio de conformidad con las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, son temas relegados por la administración saliente, y que deberán ser incluidos en la agenda de la nueva dirección, cuestiones que los consejeros estudiantes deben reivindicar como parte de los intereses colectivos de los alumnos, ya que si esto no es lo que se discute en el pleno del Consejo Técnico ¿qué objetivo tiene la escasa representación estudiantil en los órganos de gobierno?
De modo que asistimos a un proceso que más allá de involucrar a los estudiantes en la discusión y participación en los asuntos que atañen a la Universidad, los aleja e invisibiliza sus necesidades y propuestas. Hoy continúa siendo válida la demanda de los estudiantes cordobenses de 1918 y los de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que desde 1929 exigían la democratización de las universidades.
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Para saber más:
1. Fuentes Molinar, Olac. (1983) Educación y política en México. Editorial Nueva Imagen.
2. Ordorika, Imanol. (2006) La disputa por el campus. Poder, política y autonomía en la UNAM. UNAM.
Antes de entrar en materia, quisiera agradecer y saludar a los compañeros de "El Tribuno Popular" de la Facultad de Derecho de vuestra Universidad por la iniciativa de fraternidad entre nuestras organizaciones estudiantiles. Ahora bien, más que un detalle de la labor realizada por nuestra organización, quisiera aprovechar la oportunidad para compartir en estas breves líneas una pequeña reflexión sobre lo que en general creemos es la actual realidad de las "organizaciones jurídicas" [2] en los movimientos sociales, a raíz de la experiencia que hemos vivido en Chile. [3]
Teniendo presente que los conflictos sociales de nuestra América están muy lejos de ser asunto de magistrados, sentencias e incluso de legislaturas, resulta evidente que las organizaciones jurídicas jugamos en el seno de los movimientos sociales, casi sin cuestinárnoslo, un papel macadamente reactivo. Pareciera ser que en todas partes,la denuncia cobra prioridad por sobre la promoción. La contención por sobre la propuesta crítica. Ello, no sólo a nivel estudiantil.
Y si bien es ineludible la tarea de abogados y estudiantes de Derecho como elementos inhibidores de la agresión policial, de ejercer las acciones pertinentes cada vez que sea posible, de otorgar análisis técnicos a las iniciativas legislativas, entre tantas otras, afirmamos que la gran deuda pendiente de estas organizaciones es generar convergencia programática en torno a ejes que estén en función de las proyecciones del movimiento social.
Hablamos justamente del rol que nos cabe dentro de los procesos de lucha de nuestros pueblos como operadores del Estado/Jurisdicción y como sujetos en una posición privilegiada de estudio y (re)producción del fenómeno socio-histórico que importa el Derecho: Sea desde la comprensión de la organización burocrática, de la producción normativa o incluso de una particular perspectiva de la realidad social es innegable que los movimientos sociales que cuentan con la posibilidad de instrumentalizar o al menos comprender el marco jurídico y legal que se les propone desde el Estado tienen entre sus manos una valiosa herramienta y un notable pie de ventaja.
En el caso del movimiento estudiantil chileno, dos han sido los grandes desafíos que hemos enfrentado las organizaciones jurídicas desde que iniciara el proceso de movilización a inicios del 2011: El actuar policial instruido y respaldado por el Gobierno frente a las diversas acciones del movimiento y la persecución de los estudiantes, principalmente secundarios, a manos de las autoridades de los Liceos, sostenedores e incluso autoridades municipales. [4]
En ambos casos, se ha cumplido una función reactiva: Buscando disminuir la violencia policial sobre todo en los recintos de detención y denunciando las agresiones y apremios; y, ante los Tribunales Supremos de justicia, interponiendo acciones de protección constitucional ante la vulneración de diversos derechos fundamentales con motivo de las sanciones y el acosos de los Liceos hacia los estudiantes comprometidos en la movilización, entre los que se estiman sobre los dos mil expulsados o privados de matrícula en los últimos dos meses.
Pese a lo tremendamente necesaria, esta función difícilmente permite el crecimiento de la organización social y la acumulación de herramientas entre quienes luchan por sus derechos. Por este motivo, nos parecen mucho más valiosos de destacar, evaluar y mejorar, la función proactiva que ante la vulneración sistemática se ha desarrollado.
Frente a la actitud dictatorial de nuestro Estado ante la manifestacón pública, se desarrollaron en los primeros meses de movilización cientos de talleres y charlas explicativas en los establecimientos tomados respecto de las atribuciones legales de la policía, los procedimientos administrativos y jurisdiccionales y los mecanismos de denuncia a disposición de todos los ciudadanos. En paralelo, organizaciones levantaron denuncias y establecieron patrones de conducta de las fuerzas de orden y seguridad en el contexto del control del orden público. Iniciaron diagnósticos sistemáticos que hoy permiten señalar con claridad las restricciones que el Estado Chileno impone a la libertad de expresión y reunión y a la impunidad que garantiza a sus agentes. En el caso de la inédita persecución a los estudiantes secundarios en sus Liceos, organizaciones ya avanzan en analizar la absoluta ausencia de fiscalización en materias no financieras del Ministerio de Educación y la tremenda necesidad de asistir la organización y fortalecimiento de los Centros de Padres y Apoderados tanto al interior de los establecimientos, como en un plano federativo, a nivel comunal.
Lo que hemos aprendido entonces es que es posible cumplir un rol más profundo y trascendente que el de la reacción a la agresión al movimiento social. En ello vemos con particular importancia, (i) Desnaturalizar el abuso que la práctica sistemática y el elitismo del uso y conocimiento del Derecho legalizan. (ii)Entregar herramientas y competencias jurídicas y legales que permitan a la organización social disminuir la asimetría con la que se enfrenta al Poder. Y, (iii) Proponer ejes estratégicos al movimiento social que comúnmente se ven desplazados ante la urgencia de las demandas socio-económicas. En nuestro caso por ejemplo, la necesaria lucha contra la sobrevivencia de la competencia de la Justicia Militar sobre civiles y la democratización del concepto de "orden público" y su regulación.
En este sentido, el 2012 nos espera con grandes desafíos. Se nos hace necesario revertir la gran atomización de organizaciones jurídicas por medio de establecer más y mejores mecanismos de coordinación y pautas comunes de trabajo. Nos urge conectar con mayor claridad estos esfuerzos con las proyecciones de los movimientos sociales. Y por cierto, nos queda aún pendiente establecer plataformas de coordinación internacional para el intercambio de experiencias y el actuar solidario de los estudiantes de Latinoamérica en esta materia.
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1. Estudiante de Derecho, Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios Jurídicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y Concejero de Federación
2. A efectos de esta reflexión, entenderemos por "organización jurídica" aquellas organizaciones no gubernamentales dirigidas ala análisis normativo, la difusión de derechos o la acción jurídica en defensa del movimiento social, fundamentalmente integradas por estudiantes de Derecho y/o abogados.
3. Nuestro Informe Anual 2010-2011 se encuantra disponible en: http://cejfech.cl/2011/12/03/con-publicacion-de-informe-anual-cejfech-concluye-su-primera-gestion/
4. "Sostenedor" es aquella sociedad que administra un establecimiento educacional privado recibiendo subvención estatal y el financiamiento de las familias. En el caso de la educación pública, la administración está a cargo de los Municipios.
El 21 de octubre de 2011 se entregó la petitoria formal al Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal ético internacional que aceptó abrir un expediente relativo a las violaciones de derechos humanos en México, a partir de audiencias especializadas sobre distintos temas como la devastación ambiental y los derechos de los pueblos [1].
El Tribuno Popular de la Facultad de Derecho de la UNAM, se suma al proceso de construcción y desarrollo del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, colaborando con juristas críticos, académicos, además de cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos. Invitamos a la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes de Derecho a sumarse a los trabajos de El Tribuno Popular en el Tribunal Permanente de los Pueblos, contáctanos al correo eltribunopopular@gmail.com o a través del facebook El Tribuno.
¿Qué son los tribunales éticos?
Son una instancia internacional independiente de cualquier gobierno u organismo oficial o privado, establecidos para coadyuvar en la solución de violaciones graves a los derechos humanos, mediante el conocimiento, juicio y condena de hechos cometidos en perjuicio de los pueblos y el medio ambiente. Estos tribunales, representan nuevos escenarios civiles de la justicia, donde las clases subalternas se manifiestan por el respeto de sus derechos fundamentales, individuales y colectivos, luego de formular una argumentación jurídica.
Carecen de jurisdicción en sentido estatal, pues su conformación no deriva de algún mandato de autoridad conferida por el Estado. Por lo tanto, sus resoluciones no son vinculantes o de observancia obligatoria para los gobiernos, sino que dichas resoluciones constituyen sanciones políticas y morales, cuya legitimidad se basa en el reconocimiento que hagan los diferentes sectores sociales como una instancia jurisdiccional y cuyo sustento se encuentra en la calidad intelectual y moral del jurado del tribunal. Como tribunales éticos, se apoyan en la fuerza de la condena moral y en la movilización ciudadana para defender los derechos humanos en todo el planeta tierra.
Los tribunales éticos también se encargan de evidenciar la crisis de los sistemas jurídicos establecidos en los diversos Estados del mundo, cuyas consecuencias se reflejan en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, expresadas en la devastación ambiental, el despojo de tierras y territorios a los pueblos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado de grupos sociales, falta de acceso a la educación y a la justicia, entre otras. Lo anterior, aunado a un modelo económico de producción en donde el lucro se encuentra por encima de la solidaridad y la justicia.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
Sus antecedentes datan de noviembre de 1966 cuando Bertrand Russell, escritor reconocido por su activismo social, secundado por Jean-Paul Sartre, también literato y activista político, constituyeron el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre, cuyo objeto era la investigación, documentación y condena de los crímenes de guerra que Estados Unidos hacía en contra de la República Socialista de Vietnam.
Fue en 1979, en Bolonia, Italia, que la idea de que el Tribunal fuera permanente se concretizó, tomando el nombre de Tribunal Permanente de los Pueblos. Éste, adoptó la función de hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes de lesa humanidad. Es el único tribunal ético sesionando que tiene capacidad para juzgar una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo los correspondientes a los campesinos, trabajadores, migrantes, mujeres, comunicadores y pueblos indígenas.
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1. Para mayores detalles sobre los siete ejes temáticos consultar: www.tppmexico.org.
Lamentamos profundamente el deceso del Dr. Luis Javier Garrido Platas acaecido el 2 de febrero del presente año. Fue catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y articulista del periódico La Jornada, así como un académico comprometido con la transformación social desde su intervención en el movimiento estudiantil de 1968.
Tomó parte de los Diálogos de San Andrés Sacam'chen de los Pobres en 1996, al lado de los pueblos indígenas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que posteriormente serían retomados para formular la reforma en el año 2001 al artículo 2 constitucional, donde se reconocen parcialmente los derechos y cultura indígenas. Fungió como asesor del Consejo General de Huelga, organización de alumnos que en los años 1999 y 2000 defendió y conservó la gratuidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Participó en diversas iniciativas como foros y mesas redondas llevadas a cabo por la Organización Autónoma Estudiantil El Tribuno Popular de la Facultad de Derecho. Su extraordinaria labor crítica y su interés por las problemáticas sociales del país son un ejemplo para toda la comunidad universitaria.
Las autoridades universitarias comprometen la autonomía de la Universidad.
El martes 31 de enero Miguel Ángel Mancera Espinosa, ex procurador de justicia del D.F. y ahora candidato por el Partido de la Revolución Democrática a Jefe de Gobierno del Distrito Federal "visitó" la Facultad de Derecho de la UNAM. Dicha presencia tuvo lugar en tiempos electorales y en compañía de medios de comunicación, lo que denota una clara intención proselitista.
Mancera fue quien aseguró en noviembre de 2010 que la abogada y defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, tenía "tendencias suicidas", las cuales supuestamente ocasionaron su muerte en 2001, por lo que dio por concluídas las investigaciones, pese a que peritajes e indagatorias en el fuero federal evidenciaron móviles políticos en su homicidio. Ochoa litigó el caso de dos campesinos ecologistas, sobre el que posteriormente tuvo jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló contra el Estado Mexicano.
El ex procurador fue recibido por el Director de la Facultad de Derecho, Ruperto Patiño Manffer, además de algunos profesores que le dieron la "bienvenida", Así, las autoridades universitarias se prestan al juego electoral, comprometiendo la autonomía de la Universidad Nacional al manifestar posiciones políticas individuales que sugieren una postura de la institución ante la opinión pública.
La posición particular de las autoridades no es, bajo ninguna circunstancia, la postura de la comunidad universitaria. La Universidad no debe involucrarse con ningún partido político, y menos aún con personajes que garantizan la impunidad en violaciones graves a los derechos humanos, ya que su compromiso fundacional es con el pueblo mexicano. Los profesionistas que forma la UNAM deben estar comprometidos con la construcción de una sociedad más justa e incluyente, independientemente de quien esté en el gobierno.
Privatización del agua y violaciones a los derechos humanos del pueblo de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.
El agua es uno de los recursos vitales por los que existen gran cantidad de conflictos. La región de América Latina y el Caribe posee la mayor disponibilidad promedio de agua del mundo, alrededor de 24 400 metros cúbicos por persona. Los constantes intentos de privatización, en detrimento del ambiente, la cultura y la economía de los pueblos originarios y las comuniades regionales, han generado resistencias cada vez más organizadas. Como ejemplo tenemos la Guerra del Agua en Bolivia que detonó en el año 2000, cuando la distribución del agua pasó del manejo gubernamental a manos del consorcio Aguas del Tunari por medio de la Ley 2029, sin embargo, las organizaciones sociales reunidas bajo la Coordinadora en Defensa del Agua lograron revertir dicho proceso..
En México, la estrategia gubernamental destinada a permitir el deterioro del sistema hídrico y el aumento de la escasez, ha provocado la paulatina privatización del vital líquido, lo cual propicia el control y lucro que beneficia a una minoría. Aunque la CONAGUA sostenga que la recarga de los acuíferos va en aumento, para justificar las concesiones a operadores privados, la realidad es que de los 32 acuíferos sobrexplotados que existían en 1975 se pasó a 104 en 2006..
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La Ley del Agua para el Estado de México y Municipios publicada el 22 de julio de 2011 vulnera los derechos humanos y garantías constitucionales de los pobladores de Tecámac al no reconocer la existencia del Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C., organismo comunitario que por más de 45 años ha abastecido legalmente de agua a la localidad, a través de usos y costumbres. En la nueva ley se establece la figura de la concesión como forma primordial para prestar el servicio, colocando al lucro como fin superior, es decir, laLey del Agua para el Estado de México y Municipios significa la privatización del agua potable en el Estado de México..
La organización autónoma estudiantil de la Facultad de Derecho de la UNAM desarrolla múltiples iniciativas.
Continuando con la promoción y defensa de los intereses colectivos de los estudiantes de la Facultad de Derecho se generaron espacios de información y propuestas que fueron bien recibidas por la comunidad universitaria.
Se publicaron las referencias de profesores para las inscripciones a tercer y quinto semestre, además de atender diversas inquietudes y proporcionar asesoría en gestiones escolares. El 18 de agosto de 2011 se llevó a cabo el foro titulado: ¿Qué universidad tenemos? ¿Qué Facultad queremos?, en el que participaron estudiantes, profesores y defensores de los derechos humanos que resaltaron la importancia de la educación pública como derecho fundamental y la necesaria democratización de la Universidad para la consecución de sus objetivos principales, entre los que se encuentra la formación de profesionistas comprometidos con la sociedad y su transformación. Derivado de ello editamos boletines con información sobre los órganos de gobierno de la UNAM, su composición y las modificaciones al Estatuto General publicadas el 26 de agosto; también publicamos una caracterización del grupo denominado Sociedad de Alumnos y una panorámica sobre la jornada electoral de consejeros técnicos, académicos y universitarios celebrada el 27 de octubre de 2011.
Por tercer semestre consecutivo realizamos el cíclo de círculos de estudio, el cual comprendió temas como la Seguridad Nacional y los Derechos Humanos, la Reforma Universitaria, las perspectivas y el legado del movimiento estudiantil de 1968, además de la cuestión ambiental en América Latina.
El 6 de octubre organizamos la mesa redonda: La reforma constitucional en materia de derechos humanos en el contexto actual, con el objetivo de difundir y analizar las trascendentales modificaciones al texto constitucional publicadas el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación; en el evento se presentaron las ponencias de abogados especialistas, catedráticos y defensores de los derechos humanos, quienes compartieron su experiencia y opiniones acerca de dicha reforma a la carta margna. Siguiendo con la divulgación y discusión de fenómenos jurídicos desde una perspectiva crítica coorganizamos con el Observatorio de las Elecciones Populares de Jueces en Bolivia el foro: Bolivia. Proceso de elecciones populares de jueces, que tuvo lugar el 7 de octubre, los panelistas fueron jueces y magistrados de la Ciudad de méxico y Chile.
Asimismo, en coordinación con el Colectivo de Estudios Críticos en Derecho RADAR se llevó a cabo la presentación del libro: La demanda indígena de autonomía desde los acuerdos de San Andrés. Los retos para el derecho y la pertinencia del Pluralismo Jurídico, comentado por el Dr. David Sánchez Rubio, catedrático de la Universidad de Sevilla, España.
En el marco de la Jornada de Solidaridad con el movimiento estudiantil chileno, celebrada en México, contamos con la presencia de Paul Floor Pilquil, Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile, quien dictó en la Facultad de Derecho de la UNAM la conferencia: Construyendo el movimiento estudiantil. La experiencia de la CONFECH. El evento marcó un acercamiento entre los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestros colegas chilenos para intercambiar experiencias en pro de una educación pública y gratuita, en contra de su privatización promovida por los respectivos gobiernos, autoridades y empresarios a través de políticas públicas de mercantilización de la enseñanza, cobros, reformas a los planes y programas de estudio, antidemocracia, entre otras medidas. También se ha entablado comunicación con el Centro de Estudios Jurídicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
En el proceso de elecciones de consejeros estudiantes, un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho decidió participar críticamente conformando el Frente Universitario Autónomo que tomó distancia de las prácticas corporativas, cuasi partidistas y de compra de votos, reivindicando a la par el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses colectivos -no individuales o sectarios-, de los estudiantes, elaborando propuestas realizables y documentadas, a las cuales daremos seguimiento puntual como organización estudiantil.
El 15 de noviembre se llevó a cabo la mesa redonda titulada: Urbanización, recursos naturales y conflicto social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dicha iniciativa se trabajó junto con alumnos de ese plantel. En el evento estuvieron presentes académicos y representantes de organizaciones comunitarias que enarbolan el desarrollo sustentable de la ciudad y el cuidado del medio ambiente. De la misma forma se colaboró con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco en la realización el 24 de noviembre del foro: Ley de Seguridad Nacional, en el cual participamos presentando una ponencia.
Destacamos nuestra adhesión al proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que examinará mediante audiencias temáticas el estado de excepción de facto que padecemos en nuestro país.
Ejecución extrajudicial de dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Demandaban audiencia con el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" ubicada en Ayotzinapa, estado de Guerrero, fueron víctimas de los disparos de armas de fuego activadas por elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial estatal el día de ayer 12 de diciembre de 2011 durante un violento desalojo, luego de que cerca de 300 alumnos normalistas tomaron la salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco, donde confluyen la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, en demanda de audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien había cancelado en tres ocasiones previas el diálogo agendado con los estudiantes.
Las peticiones formuladas son el reinicio de clases en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ya que están suspendidas desde el 2 de noviembre, el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que un mayor número de aspirantes puedan realizar el exámen de admisión.
Alrededor de las 12:30 hrs., minutos después de iniciada la manifestación, arribaron efectivos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero, algunos vestidos de civil, quienes abrieron fuego en contra de los alumnos, iniciando persecuciones, golpeando y deteniendo incluso a personas que no participaban en el bloqueo, la prensa reportó también la llegada de elementos del Ejército Mexicano.
Hasta el momento la Federación de de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en conferencia de prensa denunció el empleo de torturas y malos tratos a jóvenes, como es el caso de Gerardo Torres Pérez, con el objeto de responsabilizarlo de la activación de un rifle AK-47, así como la existencia de por lo menos tres normalistas heridos, uno de ellos de gravedad.
La Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"se ha caracterizado históricamente por su compromiso con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente los hijos de campesinos e indígenas.
En el ejercicio de su derecho a protestar, los estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México recibieron como respuesta el uso arbitrario e irracional de la fuerza pública, actos totalmente reprobables que ponen en riesgo los derechos más fundamentales de todos los ciudadanos al generalizarse las violaciones a los derechos humanos y el empleo de mecanismos de excepción para disuadir, criminalizar y eliminar a sectores de la población que disienten de las actuales políticas de los gobiernos estatales o del Federal.
Leer comunicado y actualización de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos".
Los estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México que conformamos la organización estudiantil El Tribuno Popular, manifestamos nuestra condena al homicidio del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, ocurrido el 26 de octubre de 2011. Expresamos nuestra preocupación, por que éste y otros sucesos de violencia de los que han resultado víctimas alumnos de la comunidad universitaria, se inscriben en un contexto nacional de violación sistemática de los derechos humanos de la población, impunidad, ausencia de garantías para preservar la integridad de las personas y criminalización de los defensores de los derechos humanos, producto de la nefasta política de seguridad pública del gobierno en turno.
Exigimos a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el pronto esclarecimiento del móvil de los hechos y la adecuada integración de la respectiva averiguación previa, además de la consignación de los responsables, para su sujeción a proceso.
Para dotarnos como estudiantes de las herramientas técnicas necesarias, con las cuales hacer frente a esta situación, llamamos a la construcción en cada facultad o escuela de comisiones de derechos humanos y a la formación de un Comité Universitario de Derechos Humanos, que tenga por objetivos el análisis, seguimiento, documentación y realización de informes referentes a la defensa y promoción de los derechos humanos de los estudiantes universitarios.
