El concepto de Estado, la unidad que representa, tanto en su acepción jurídica como sociológica, contrasta enormemente con la realidad imperante en el municipio de San Juan Copala en Oaxaca, éste se encuentra en la zona indígena triqui donde el Estado de derecho no existe, paradójicamente con la complacencia de las autoridades estatales y federales.
Pero estos hechos no son producto de un simple desorden de inseguridad pública o de la delincuencia organizada, tienen un propósito social que se deja entever.
El Estado moderno ha nacido como una unidad de asociación organizada, un régimen civil caracterizado por la separación del poder político de la propiedad privada. Históricamente se enfrentó a un doble dualismo de poder formado por el derecho del rey o soberano contra el derecho del pueblo; y el poder espiritual (la iglesia) en antítesis al poder terrenal (el Estado). Finalmente se instauró la unidad de este último, dominando la contienda entre las partes, de modo que concentra poder y derechos, conseguidos por medio de procesos históricos que posibilitaron la superación de las divisiones sin absorber completamente al individuo, reconociendole derechos y garantizando algunas libertades.
Ha logrado la unidad de territorios que antes estaban separados, creó un ejército, y sólo él puede emplear legalmente la fuerza, además de colocar bajo su amparo la administración de justicia; si éstas son carcacterísticas fundamentales del Estado moderno ¿qué pasa en el municipio de San Juan Copala, que se encuentra sitiado por un grupo paramilitar, identificado plenamente como priísta ( la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, conocida como UBISORT ), desde noviembre de 2009? Los habitantes del municipio no pueden salir de sus casas sin poner su vida en grave peligro, ni siquiera para conseguir comida o ir al médico y las escuelas permanecen cerradas; la mayoría de los pobladores alojan en sus cuerpos balas y heridas causadas por los tiroteos incesantes de la Ubisort.
La realidad contrasta con las declaraciones de la supuesta permanencia del Estado de Derecho en Oaxaca que tanto divulga la clase política de esa entidad federativa, en este territorio de la etnia triqui se ha creado de facto un estado de excepción, no existe ni la segruidad jurídica ni la legalidad, principios torales del sistema jurídico mexicano.
El 27 de abril del año en curso, una caravana pacífica con integrantes de varias organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y periodistas, que tenía como objetivo documentar la situación de la comunidad y llevar ayuda humanitaria, fue baleada en el paraje La Sabana, el asentamiento más cercano a San Juan Copala. Los atacantes portaban armas de asalto AK-47 y AR-15, dejando como saldo 2 personas muertas (Beatriz Carño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y Jiry Jakkola, observador finlandés de derechos humanos) y 21 heridos.
Los gobiernos estatal y federal saben perfectamente lo que está pasando en el municipio oaxaqueño de San Juan Copala, donde ni la Constitución, ni los derechos humanos tienen vigencia, el acceso al lugar es controlado por un grupo armado minúsculo al que ni siquiera casi 500 elementos de la policía se atreven a replegar (ver revísta Contralínea 13/06/2010). Se está cometiendo una masacre y el Estado mexicano no hace algo efectivo para impedirlo ¿será que resulta realmente peligroso enfrentarse a la Ubisort?¿o se trata de una estrategia para desaparecer organizaciones independientes, apropiarse de los recursos naturales de esa región y explotarlos en beneficio de unos cuantos?
Una caravana más de solidaridad partió el 7 de junio de la Ciudad de México, con ocho autobuses, varios vehículos y un tráiler cargado con con varias toneladas de víveres, su fin: levantar testimonios, entregar alimentos y medicinas, además de romper el estado de excepción. Su paso fue impedido nuevamente por el grupo paramilitar, ahora en coordinación con las autoridades estatales y se vió en la necesidad de regresar ante un riesgo inminente de agresión por parte del grupo priísta. Los cuerpos policiales y la procuraduría estatal de justicia, no realizaron ninguna acción efectiva para que los víveres pudieran llegar a la población, no levantaron alguna averiguación previa y tampoco se comprometieron a asegurar el respeto a garantías tan elementales como las de tránsito, legalidad, libertad y seguridad jurídica en aquel centro político y ceremonial triqui.
La exigencia de los indígenas oaxaqueños de San Juan Copala es ejercer su derecho a su libre determinación como pueblos originarios, situación que está tutelada por el artículo 2 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Muchas preguntas surgen: ¿Cómo es posible que los humildes pobladores oaxaqueños adquieran armas de uso exclusivo del ejército?, la emboscada fue cuidadosamente planeada, ¿quién brindó el entrenamiento?¿por qué la policía debió "pedir permiso" o negociar con el PRI-Ubisort para entrar a la comunidad a rescatar a los dos periodistas de la revista Contralínea escondidos en la montaña para guarecerse del ataque?
Sin duda, todo lo anterior se desarrolla con la complacencia de las autoridades de todos los niveles, quienes deben garantizar nuestros derechos más fundamentales. Si el Derecho no es vigente para todos, si se permiten excepciones como ésta, entonces no puede serlo para nadie.
El 27 de abril del año en curso, una caravana pacífica con integrantes de varias organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y periodistas, que tenía como objetivo documentar la situación de la comunidad y llevar ayuda humanitaria, fue baleada en el paraje La Sabana, el asentamiento más cercano a San Juan Copala. Los atacantes portaban armas de asalto AK-47 y AR-15, dejando como saldo 2 personas muertas (Beatriz Carño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y Jiry Jakkola, observador finlandés de derechos humanos) y 21 heridos.
Los gobiernos estatal y federal saben perfectamente lo que está pasando en el municipio oaxaqueño de San Juan Copala, donde ni la Constitución, ni los derechos humanos tienen vigencia, el acceso al lugar es controlado por un grupo armado minúsculo al que ni siquiera casi 500 elementos de la policía se atreven a replegar (ver revísta Contralínea 13/06/2010). Se está cometiendo una masacre y el Estado mexicano no hace algo efectivo para impedirlo ¿será que resulta realmente peligroso enfrentarse a la Ubisort?¿o se trata de una estrategia para desaparecer organizaciones independientes, apropiarse de los recursos naturales de esa región y explotarlos en beneficio de unos cuantos?
Una caravana más de solidaridad partió el 7 de junio de la Ciudad de México, con ocho autobuses, varios vehículos y un tráiler cargado con con varias toneladas de víveres, su fin: levantar testimonios, entregar alimentos y medicinas, además de romper el estado de excepción. Su paso fue impedido nuevamente por el grupo paramilitar, ahora en coordinación con las autoridades estatales y se vió en la necesidad de regresar ante un riesgo inminente de agresión por parte del grupo priísta. Los cuerpos policiales y la procuraduría estatal de justicia, no realizaron ninguna acción efectiva para que los víveres pudieran llegar a la población, no levantaron alguna averiguación previa y tampoco se comprometieron a asegurar el respeto a garantías tan elementales como las de tránsito, legalidad, libertad y seguridad jurídica en aquel centro político y ceremonial triqui.
La exigencia de los indígenas oaxaqueños de San Juan Copala es ejercer su derecho a su libre determinación como pueblos originarios, situación que está tutelada por el artículo 2 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Muchas preguntas surgen: ¿Cómo es posible que los humildes pobladores oaxaqueños adquieran armas de uso exclusivo del ejército?, la emboscada fue cuidadosamente planeada, ¿quién brindó el entrenamiento?¿por qué la policía debió "pedir permiso" o negociar con el PRI-Ubisort para entrar a la comunidad a rescatar a los dos periodistas de la revista Contralínea escondidos en la montaña para guarecerse del ataque?
Sin duda, todo lo anterior se desarrolla con la complacencia de las autoridades de todos los niveles, quienes deben garantizar nuestros derechos más fundamentales. Si el Derecho no es vigente para todos, si se permiten excepciones como ésta, entonces no puede serlo para nadie.
