"En la actualidad, el país enfrenta algunos de los desafíos de siempre. Retos que se relacionan con demandas que dieron lugar a luchas históricas. Nuestras gestas han quedado incompletas, en la medida en que persisten para amplios sectores de la población mexicana condiciones de pobreza y de exclusión, así como una marcada desigualdad económica y social, una de cuyas expresiones se manifiesta en que solamente, en el mejor de los casos, uno de cada tres jóvenes tiene la posibilidad de cursar estudios de educación superior"1.
Así se ha expresado el rector de la Universidad Nacional hace algunos meses, mencionando el papel que debe jugar nuestra institución educativa en el contexto de crisis actual y destacando las aportaciones que hemos hecho como comunidad universitaria en la historia contemporánea de México.
A la par de estas declaraciones y sin coincidir con sus buenas intenciones, al interior de la UNAM las autoridades universitarias impulsan discretamente reformas acordes "a los grandes desafíos del siglo XXI" y al "nuevo orden mundial"2 (sic), los cuales son eufemismos para referirse a los planes económicos del neoliberalismo, que son responsables de la debacle social y material del país.
El paquete de reformas se compone desde modificaciones al Estatuto del Personal Académico3, la pérdida de derechos laborales en perjuicio de los trabajadores sindicalizados, hasta la mutilación de los planes y programas de estudio, situación que nos afecta directamente a toda la comunidad estudiantil al disminuir la calidad de la educación y elevar la carga académica para estrechar los filtros a los estudiantes de recursos medios o escasos, sin que esto signifique necesariamente que nos podamos insertar más fácilmente o con mejores condiciones en el mercado laboral.
Las autoridades universitarias contradicen en los hechos su discurso a favor de la educación integral y una parte de la exposición de motivos del Proyecto Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Derecho (con fecha de aprobación por el Consejo Técnico del 8 de abril de 2010), ya que han promovido que se siga mermando paulatinamente el área de Derecho Social, quitando materias del tronco común o fusionándolas.
También se le ha restado importancia al Derecho Público cuando nos encontramos en medio de una crisis muy grave del Estado Mexicano, cabe destacar la eliminación de la materia de Teoría Política.
Estas no son ideas nuevas ni propias del Consejo Técnico o Académico, si investigamos más a fondo son en realidad producto de normas dictadas por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para países subdesarrollados como el nuestro, que atentando contra la autonomía universitaria consignada en el artículo 3 constitucional fracción VII, las autoridades simplemente acatan e imponen a la comunidad.
Hay variedad de documentos y testimonios que acreditan lo anterior, por ejemplo, artículos del World Bank Technical Paper, num. 78, 1988 o el documento Examenes de las políticas nacionales de educación: México, Educación Superior, OCDE, 1997.
Ante el fracaso histórico de estos organismos internacionales que contribuyeron enormemente a sumergir a gran parte de la humanidad en la crisis actual del sistema capitalista, conviene cuestionarse si es conveniente seguir sus "recomendaciones", aunque estén camufladas al interior de la UNAM como "actualizaciones necesarias" (¿para quien?) y tomadas, dicen, luego de una amplia "consulta realizada a los alumnos"4.
Nosotros estamos a favor de que se reformen los planes y programas de estudios, pero no en el sentido pretendido por las autoridades de mercantilizar conocimiento, hacerlo de unos pocos, utilizar la educación para favorecer a los poderosos empresarios de siempre y mantener intactos los cimientos del sistema jurídico y social de México que a diario nos demuestra su fracaso.
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1 Gaceta UNAM, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, 4285: 32.
2 Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, UNAM. El documento se presentó a revisión ante el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio el 16 de junio de 2010, siendo aprobadas las numerosas modificaciones en una sesión que duró 1:35 minutos.
3 Goche, Flor.2010. Catedráticos de la UNAM futuro incierto. Contralínea. 194:44-49.
4 Falacia utilizada como justificación en el Proyecto mencionado y también sostenida por el director y los “representantes estudiantiles” de la Facultad de Derecho durante la sesión de la Comisión del CAACS y asentada en el Acta CPPPE-LXXV-16-VI-10.