Les hacemos una atenta invitación al
FORO: La situación actual de los derechos humanos de los periodistas.
Las libertades de expresión y de prensa en la mira de la "guerra" de Calderón.
Que se realizará el día martes 28 de septiembre de 2010 a las 14:00hrs.
En el Auditorio Mario de la Cueva.
Ponentes:
- Luis Javier Garrido Platas (Profesor de la Facultad de Derecho y columnista del periódico La Jornada)
- Mylai Burgos Matamoros (Profesora de la Facultad de Derecho)
- Fernando Hernández (Radio UNAM)
- David Cilia (Revista Contralínea)
- Iñigo Prieto (Centro Nacional de Comunicación Social)
México, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
En el mes de agosto pasado, en visita oficial conjunta, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron como responsable al gobierno mexicano, que debe responder por los ataques sufridos por periodistas en ejercicio de su trabajo. Además externaron su preocupación por el acoso judicial, amenazas de muerte, allanamiento, persecución y veto publicitario que sufren los comunicadores.
Los ataques a la libertad de expresión no son recientes, aunque es claro que se han intensificado en lo que va del presente sexenio. En los años noventas los informes de las autoridades decían que las muertes de los corresponsales eran consecuencia de pleitos de cantina, líos pasionales o por pura mala suerte, ahora dicen que el culpable es el crimen organizado, pero ayer como hoy mueren periodistas caracterizados por su crítica a las injusticias o simplemente por la negligencia del gobierno para otorgar garantías a su labor informativa.
Tenemos como ejemplos el cierre y robo de archivos del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en 1977, el asesinato de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez miembros de una radio comunitaria de Oaxaca en abril de 2008, la agresión armada contra el periódico Noroeste de Mazatlán el pasado primero de septiembre, el acoso judicial y físico contra la Revista Contralínea, o el también reciente atentado que sufrieron las instalaciones de Televisa en el estado de Tamaulipas. Según el informe de Commite to Protect Journalists el problema generalizado entre los periodistas y la delincuencia organizada se da cuando los primeros informan sobre la red de corrupción gubernamental que apoya los negocios del narcotráfico.
El acoso judicial contra quienes investigan actos ilícitos o de corrupción por parte de empresarios o funcionarios públicos se utiliza como una herramienta para aplicar la censura y "con el propósito de hostigar a periodistas y medios críticos".
A los comunicadores se les involucra en procesos judiciales en materia civil, acusándolos de daño moral como represalia por su trabajo. A diferencia de otras legislaciones del mundo, en la nacional no se toma en cuenta que la parte actora carece de derecho para reclamar indemnización cuando el daño moral no es consecuencia de un delito o de un cuasidelito.
En México tampoco existen criterios diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, ni se incluye el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
Lo anterior se suma a las precarias condiciones laborales de la mayoría de los periodistas. No cuentan con estabilidad laboral, existen medios que solamente pagan por obra determinada, o sea, por reportaje, lo cual trae consigo una disparidad en los ingresos de los periodistas y la subordinación de éstos a las fuentes o agencias que otorgan "gratificaciones" por la cobertura de cierta información para completar su bajo salario. Es muy familiar para los trabajadores de la comunicación sufrir abusos de patrones que se ostentan como sus dueños, a los cuales desobedecerlos sobre lo que hay que publicar puede costarles la vida. Plomo o plata dicen ellos.
El oligopolio en los medios de comunicación es otro problema, aunque el internet constituye una opción, en la Encuesta Nacional de la Juventud del 2005 se registra que el 60% de los jóvenes se enteran de los asuntos públicos a través de la T.V.
Corresponde a todos los miembros de la sociedad defender a aquellos que se dedican y hacen de su vida la investigación y el compromiso con la verdad; al permitir que se reprima a los comunicadores, permitimos también la violación a dos de nuestras garantías individuales tuteladas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin estas conquistas históricas de todos los mexicanos, las demás libertades seguirán coartándose hasta casi desaparecer.
El acoso judicial contra quienes investigan actos ilícitos o de corrupción por parte de empresarios o funcionarios públicos se utiliza como una herramienta para aplicar la censura y "con el propósito de hostigar a periodistas y medios críticos".
A los comunicadores se les involucra en procesos judiciales en materia civil, acusándolos de daño moral como represalia por su trabajo. A diferencia de otras legislaciones del mundo, en la nacional no se toma en cuenta que la parte actora carece de derecho para reclamar indemnización cuando el daño moral no es consecuencia de un delito o de un cuasidelito.
En México tampoco existen criterios diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, ni se incluye el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
Lo anterior se suma a las precarias condiciones laborales de la mayoría de los periodistas. No cuentan con estabilidad laboral, existen medios que solamente pagan por obra determinada, o sea, por reportaje, lo cual trae consigo una disparidad en los ingresos de los periodistas y la subordinación de éstos a las fuentes o agencias que otorgan "gratificaciones" por la cobertura de cierta información para completar su bajo salario. Es muy familiar para los trabajadores de la comunicación sufrir abusos de patrones que se ostentan como sus dueños, a los cuales desobedecerlos sobre lo que hay que publicar puede costarles la vida. Plomo o plata dicen ellos.
El oligopolio en los medios de comunicación es otro problema, aunque el internet constituye una opción, en la Encuesta Nacional de la Juventud del 2005 se registra que el 60% de los jóvenes se enteran de los asuntos públicos a través de la T.V.
Corresponde a todos los miembros de la sociedad defender a aquellos que se dedican y hacen de su vida la investigación y el compromiso con la verdad; al permitir que se reprima a los comunicadores, permitimos también la violación a dos de nuestras garantías individuales tuteladas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin estas conquistas históricas de todos los mexicanos, las demás libertades seguirán coartándose hasta casi desaparecer.
