Por: Miriam Estrada
El derecho indígena merece cabida en nuestra concepción socio-jurídica actual, merece cobrar mayor relevancia, merece ser estudiado, protegido, valorado y respetado, más aún en una nación pluricultural como México, en donde conviven en todo el territorio nacional cerca de 68 pueblos originarios.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) elaboró un informe en 2011 en el cual se menciona que 14 de los 68 pueblos se encuentran en riesgo de desaparecer, como resultado de los múltiples ataques y violaciones a los derechos humanos de sus integrantes, que van desde la discriminación, genocidio, atentados a su autodeterminación, despojos de tierra, explotación económica y laboral, pobreza, deplorables servicios públicos, destrucción del medio ambiente, hasta las repercusiones negativas del narcotráfico en su tejido comunitario.
Es así como nos podemos dar cuenta que la mayoría de los pueblos indígenas en México, pese a conservar parte de su cosmogonía, de la cual deriva su forma tan peculiar de concebir el mundo y proteger la tierra, actualmente se encuentran más ocupados llevando a cabo una lucha, a veces desesperada, por su supervivencia, y su conservación material y cultural; resistencia casi invisible y por ende dificil de lograr sus objetivos, al restringírseles el acceso a medios de protección jurisdiccional que les permita exigir y reclamar que sean respetados y garantizados sus derechos colectivos.
Es por ello que, nuestro país está ávido de iniciativas de la sociedad civil, que cuenten con un gran sentido de responsabilidad y compromiso social que apunten hacia esa dirección, que no sólo se preocupen, sino que se ocupen de caminar junto a las etnias para que encuentren un lugar digno dentro de la diversidad cultural de México.
Un claro ejemplo que pocos conocen, pero que no deja de llamar la atención y merece difundirse no sólo entre la comunidad universitaria sino entre toda la sociedad mexicana, se llevará a cabo a mediados de julio del presente año en tierras chiapanecas. Se trata de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en la cual se expondrán y analizarán tres casos de violaciones graves a derechos humanos de las etnias tsotsil, tseltal, zoque y chol, suscitadas en diferentes municipios del estado de Chiapas. En el evento participarán el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otras organizaciones, y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La masacre de Acteal, el caso Viejo Velasco y el de Zona Norte, son sucesos que si bien tuvieron lugar en diversas regiones de Chiapas y se desarrollaron en momentos distintos, poseen algo en común: se llevaron a cabo actos tendientes al genocidio de comunidades específicas. En todos los casos existieron violaciones graves a los derechos humanos de los mencionados pueblos indígenas: violaciones al derecho a la tierra, al territorio, a la vida, al derecho a la integridad física, psíquica y moral, al derecho a no sufrir desaparición forzada, agravios al derecho a la libertad y seguridad personales, al respeto de su dignidad identitaria, al goce de sus bienes individuales y colectivos, a los derechos de los niños y de las mujeres, por mencionar algunos.
Dichas violaciones serán expuestas y conocidas por el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en su siguiente sesión. Aquél, es un tribunal internacional de carácter ético y moral, no jurisdiccional ni gubernamental, que analiza, investiga y estudia, las causas de violación de los derechos humanos de los pueblos y determinará si en efecto han sido violentados tales derechos, para después denunciar ante la opinión pública internacional a las autoridades responsables.
Por estos motivos, el esfuerzo del Tribunal Permanente de los Pueblos por promover el respeto universal y efectivo de los derechos de los pueblos, no debe pasar desapercibido, sino por el contrario, cada uno de nosotros como parte de esta diversidad cultural y como ciudadano que conforma este país, debemos crear conciencia de la importancia del trabajo que realizan sus integrantes y demás colaboradores, para que con ello comencemos a sentir su valiosa misión como nuestra: respetar, valorar y proteger los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
