martes, 5 de octubre de 2010

La disputa por el control de los recursos naturales

En los últimos años se ha agudizado la precarización de la vida humana, resultado del capitalismo, por eso la defensa de los recursos naturales como bienes públicos debe ser un ámbito de primer orden. La crisis ambiental se hace presente día a día. Indispensable es comprender que los temas ambientales no son frívolos o ajenos a la realidad social, económica y política, ya que el planeta se encuentra cada vez más demacrado, debido al agotamiento al que lo somete el sistema económico. 

Algunos movimientos liderados por organizaciones civiles que muestran resistencia a esta explotación desmedida, son trágicamente, organizaciones que confluyen con la élite económica, convirtiendo el tema de la devastación de los recursos naturales en un área de consumo. Estas asociaciones reproducen la idea de que se puede revertir la situación del planeta entero si una persona realiza pequeñas acciones para cambiar su entorno y así obtener grandes resultados , lo que se ignora es que no somos culpables solo los individuos de la situación catastrófica que se gesta en el mundo, son las grandes empresas con su poder de destrucción las que están acabando con la naturaleza, y no se responsabilizan de sus actos. Paradójicamente esas corporaciones tienen el aval de las instituciones de los diferentes Estados y de las "organizaciones ambientalistas", a las que pagan fuertes sumas de dinero por su discreción y por mantener la impunidad.


En el caso de México, contamos con ejemplos de oposición a la depredación del medio ambiente. Existen cientos de luchas que han emprendido los pueblos por la defensa de su tierra y de su patrimonio comunal, han dado grandes batallas por su derecho a subsistir con una identidad cultural propia y tomando de los recursos naturales únicamente lo indispensable para satisfacer sus necesidades.

El caso más aludido en fechas recientes se trata sin lugar a dudas el de San Salvador Atenco, un municipio ubicado en el Estado de México, próximo al Distrito Federal, en el que en el año 2001 se expropiaron más de 5 mil hectáreas con el propósito de construir un aeropuerto internacional. La construcción de dicha obra responde al lugar estratégico en el que Atenco se encuentra, ya que se ubica en un territorio idóneo donde se localiza la única planicie cercana a la Ciudad de México, a unos 40 kilómetros de la capital, rodeada por la zona serrana del Estado de México y cercana al lago de Texcoco.
Gracias a la lucha que sostuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se logró que la administración de Vicente Fox no continuara con el proyecto, que afectaba a más de 40 mil habitantes de la región, a los municipios vecinos, y que acarreaba problemas graves de salud pública y afectación ambiental.


Como es característico de las instituciones divorciadas del interés general, el ejecutivo federal no tomó en cuenta a los pobladores afectados. El descontento también tomó su vía jurídica, se interpusieron 11 amparos en contra de la expropiación. Que la razón asistía a los campesinos se demostró en las resoluciones de suspensión de los actos de autoridad, como la concedida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por medio del amparo que interpuso el ejido Santiago Cuautlalpan (localizado en Texcoco) por medio de la Procuraduría Agraria. También tres ayuntamientos y el Distrito Federal promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos los supuestos de invasión de competencias que contemplan el artículo 103 constitucional y el artículo 1 fracción II de la Ley de Amparo. Los municipios quejosos alegaban la violación al artículo 115 fracción V incisos a y d de la Constitución en lo concerniente a su participación en la administración y aprobación de los planes de desarrollo urbano, además de su vigilancia en la utilización del suelo.



Otro ejemplo al que nos podemos referir tiene lugar en Oaxaca, que es un importante referente de la lucha contra la arbitrariedad y conducta despótica del Estado Mexicano, donde se han gestado movimientos liderados por indígenas, quienes pugnan por su derecho a la autodeterminación.
En el municipio de Zacatepec, en territorio Mixe, se libró una contienda por el dominio de las tierras, debido a que se concesionó a una compañía minera canadiense la explotación de más de 4 mil hectáreas, concesión a la que el pueblo Mixe se opuso rotundamente y cuya férrea batalla logró que dicha empresa desistiera de su intención en 2009.

A pesar de lo difícil de la lucha los triunfos se han conquistado, como anteriormente pudimos constatar, desafortunadamente el fantasma de la muerte y la injusticia ronda todo movimiento genuino y libre en su andar.
Nuestros compañeros defensores de la tierra son encarcelados y asesinados por su actitud subversiva a los intereses inhumanos, tenemos el claro ejemplo de Beatriz Cariño, ecologista y defensora de los derechos humanos, asesinada cuando se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala en una caravana humanitaria. o el compañero Mariano Abarca opositor al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, asesinado hace un año.

En conclusión, las desgracias que caen sobre nuestros pueblos que luchan por la tierra no les hace parar, les alienta para continuar en la batalla, la rabia les hace perder el temor de exigir lo que por derecho les pertenece.1
Nuestra respuesta frente a la desmesurada sustracción de los recursos naturales por la maquinaria capitalista, es la resistencia de los pueblos, la defensa de los núcleos ejidales y comunitarios, el dominio de sus tierras  y la explotación de las mismas por la colectividad, no por el individuo. También contestamos al ir a la ofensiva por el control de los recursos naturales que son de la Nación, nuestros y no de "ellos", los que cuando acaban con todo se marchan dejando solo destrucción y miseria.
Los recursos naturales son fuente de vida, no son fuente de dinero.


1 Como ejemplo de legislación internacional tenemos el Convenio 169 de la OIT,que es producto de los procesos sociales desencadenados por los pueblos,no de la "buena voluntad" de los gobernantes.