Como la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoció en la jurisprudencia 78/99, el arraigo domiciliario atenta contra una garantía constitucional fundamental: la libertad personal. ¿Cuales son las razones verdaderas y bajo que criterios se promueve la incorporación del arraigo en nuestro sistema penal?¿Tendrá algo que ver con el aumento exponencial de violaciones a los derechos humanos en los últimos años? ¿Por qué a pesar de los múltiples llamados de la ONU para eliminar esta figura, el gobierno mexicano la promueve? En el ensayo elaborado por Alejandro Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, podremos encontrar que la evolución del arraigo en México corresponde a un cambio de paradigma en todo el sistema jurídico mexicano y al avance de la implantación de un estado de excepción de facto en el país.
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